Dip. Omar Ávila /
El dogma del Estado omnipresente, encargado de proveer servicios públicos prácticamente gratuitos como un derecho garantizado por la revolución, ha muerto en silencio. No hubo un anuncio público en la Gaceta Oficial ni un debate en la Asamblea Nacional, pero la realidad de este 2026 es incontestable: los servicios públicos en Venezuela se están privatizando de facto. Ante la asfixia presupuestaria y la incapacidad técnica para recuperar la infraestructura nacional, el Ejecutivo ha optado por una estrategia pragmática: trasladar la responsabilidad y el costo de la supervivencia al sector privado y a las comunidades.
El primer síntoma de esta mutación se observa en las zonas comerciales e industriales del país, donde el Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica mantiene una directriz estricta para los llamados «altos consumidores» (centros comerciales, hoteles e industrias): la obligatoriedad de autogenerar su propia electricidad mediante plantas diésel o a gas durante las horas pico de la demanda nacional.
Este fenómeno, que comenzó como una medida de emergencia temporal años atrás, hoy es una condición obligatoria para operar, sin considerar que el costo de adquisición, mantenimiento y combustible de estos gigantescos generadores privados es asumido en su totalidad por las empresas, quienes inevitablemente deben trasladar ese gasto operativo al precio final de los bienes y servicios que consume el ciudadano común. En Venezuela la electricidad confiable ya no es un servicio público; es un costo corporativo privado.
En el sector hídrico, el colapso de los grandes acueductos regionales -como el Sistema Tuy en la Región Central o el complejo de embalses en el occidente- ha forzado a las autoridades locales a abandonar los macroproyectos de ingeniería para concentrarse en «soluciones de bolsillo» y el ejemplo más claro es el boom de la perforación de pozos profundos.
En alcaldías tanto oficiales como de oposición en estados como Lara, Carabobo y Miranda, los planes bandera de gestión ya no consisten en reparar las plantas potabilizadoras matrices, sino en inaugurar pozos por sectores. Muchos de estos pozos son financiados en esquemas mixtos donde las juntas de condominio o las asociaciones de vecinos aportan recursos para la compra de las bombas y los bancos de transformadores independientes necesarios para protegerlos de los bajones eléctricos.
Paralelamente, para mantener el flujo mínimo de caja de las hidrológicos remanentes, las tarifas comerciales del agua y el aseo urbano se han sincerado de forma agresiva en los principales municipios del país, anclándose a la tasa oficial del Banco Central de Venezuela. El agua dejó de ser un servicio subsidiado para convertirse en un bien de mercado: quien tiene los recursos paga el camión cisterna privado o la perforación de su pozo; quien no, queda relegado a la recolección intermitente en tobos.
Quizás el ejemplo más estratégico de esta privatización silenciosa y pragmática ocurre tras bastidores en el tablero internacional, a través de las urgentes conversaciones de este año entre Caracas y Washington, que no giran en torno a grandes condonaciones políticas, sino a licencias específicas para que multinacionales como Siemens y General Electric puedan intervenir de forma directa en la reparación de las plantas termoeléctricas del país, con especial énfasis en las zonas críticas del occidente.
El Estado venezolano ya no cuenta con el músculo financiero ni con el personal calificado -diezmado por la migración masiva de ingenieros- para operar estos complejos sistemas. La entrada de estos gigantes tecnológicos, bajo esquemas de contratos privados de asistencia técnica y procura de repuestos, es la admisión definitiva de que la soberanía de los servicios públicos hoy depende de la tecnología y el capital privado transnacional.
La privatización de facto no es per se un camino incorrecto; muchos países de la región han logrado sistemas eficientes mediante Alianzas Público-Privadas bien reguladas; pero el verdadero peligro de la fórmula aplicada en el país es su carácter fragmentado, opaco y desigual.
Al no existir un marco legal claro que regule esta apertura, lo que se está construyendo es un archipiélago de soluciones: burbujas residenciales y comerciales con pozos propios, paneles solares y plantas eléctricas privadas, frente a inmensas mayorías populares atrapadas en el racionamiento crónico. Para finalizar, pienso que sustituir la planificación del Estado por parches de emergencia individuales solo profundiza la brecha social.
Desde Unidad Visión Venezuela, entendemos que subsanar el colapso de los servicios requerirá inversión privada, sí, pero bajo un plan nacional transparente que entienda que la luz y el agua siguen siendo, antes que un negocio, el cimiento mínimo de la dignidad humana.
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