LONDRES.- Tras la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que ordenó suspender el lunes 30 de octubre «todos los efectos» de las elecciones primarias que se llevaron a cabo dentro y fuera del país el pasado domingo 22 de octubre, la organización defensora de derechos humanos Amnistía Internacional dijo que «se mantiene plenamente vigente la política de represión que busca silenciar a la disidencia y ejercer un control social en Venezuela», lo que supone un «peligro constante y evidente» para el espacio cívico del país.
“Las recientes medidas anunciadas contra la Comisión Nacional de Primaria, sus representantes y los resultados del proceso son una muestra más de la política de represión del gobierno venezolano que busca obstaculizar las libertades de quienes quieren ejercer su derecho la participación en asuntos públicos consagrado en tratados internacionales de derechos humanos», señaló Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Piquer destacó que, las acciones tomadas por el Ministerio Público, «alineadas con declaraciones de autoridades estatales», elevan las alarmas de posibles detenciones arbitrarias tan ampliamente denunciadas», y agregó que el gobierno venezolano lleva años asfixiando el espacio cívico a través de la estigmatización, el hostigamiento y la criminalización de la sociedad civil y de personas percibidas como críticas al Gobierno.
«Esta política de represión no es una novedad y la comunidad internacional no debe bajar los brazos en la defensa de los derechos humanos en Venezuela», sostuvo la directora de AI para las Américas.
El 12 de septiembre, la ONG presentó un informe ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU en el que alertó que «organizaciones defensoras de derechos humanos en Venezuela han advertido que los picos represivos de los derechos a la libertad de expresión, asociación y manifestación pacífica han estado directamente asociados a períodos preelectorales y electorales, en particular a través del uso del mecanismo de inhabilitación política para evitar que quienes son percibidos por las autoridades como opositoras políticas se presenten a cargos de elección popular».
En dicho informe, instó al Estado venezolano a remover todos los obstáculos legales y garantizar la efectiva participación política de todas las personas sin discriminación, incluyendo por opinión política. Asimismo, solicitó que se abstenga del uso de inhabilitaciones administrativas de forma discriminatoria en contra de personas candidatas a cargos de elección popular.
Otras de las peticiones es que «se ponga fin al uso de mecanismos de persecución y/o criminalización en contra de personas percibidas como opositoras políticas que tengan como objetivo participar en los asuntos públicos en el país», por lo que la organización resalta que las declaraciones y medidas anunciadas desde el 22 de octubre abiertamente contravienen todas estas recomendaciones.
«Nadie debe olvidar que tanto la Fiscalía de la Corte Penal Internacional como la Misión Internacional e Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU han concluido que existen razones para creer que el gobierno de Nicolás Maduro ha cometido crímenes de lesa humanidad», destacó Piquer.
Agregó que, el escrutinio y los mecanismos de justicia internacional «son más necesarios que nunca para evitar una nueva escalada de crímenes de derecho internacional y otras graves violaciones de derechos humanos en Venezuela, especialmente durante el periodo electoral que recién comienza».
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