SAO PAULO.- El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil condenó este jueves al expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022) a 27 años y tres meses de prisión por haber liderado una trama golpista con el objetivo de impedir la toma de posesión de Luiz Inácio Lula da Silva en enero de 2023.
Se trata de un fallo inédito en la historia del país, al ser la primera vez que un exmandatario brasileño es sentenciado por atentar contra el Estado democrático de derecho.
La condena fue decidida por cuatro votos a favor y uno en contra en la Primera Sala del STF. Junto a Bolsonaro, fueron sentenciados otros siete altos exfuncionarios y militares.
Bolsonaro siguió el juicio por televisión desde su casa en Brasilia, donde cumple desde el mes pasado prisión domiciliaria por riesgo de fuga.
Una fuente de la defensa de Bolsonaro informó a Xinhua que la defensa del expresidente buscará argumentar problemas de salud para mantener la prisión domiciliaria y evitar cumplir la pena en una cárcel de Brasilia.
Según la decisión de la Primera Sala del STF, Bolsonaro fue hallado culpable de cinco delitos: organización criminal armada, tentativa de golpe de Estado, abolición del Estado Democrático de Derecho, daño calificado al patrimonio público y deterioro de patrimonio histórico.
Además del plan golpista para no reconocer el triunfo electoral de Lula da Silva en 2022, Bolsonaro también fue considerado líder de la turba que invadió y dañó las sedes de los Tres Poderes el 8 de enero de 2023.
El tribunal determinó que el expresidente deberá cumplir 24 años y nueve meses en régimen cerrado y otros dos años y seis meses en detención, además del pago de 124 días de salarios mínimos como multa.
La votación se consolidó con el apoyo de la ministra Cármen Lúcia y de los magistrados Alexandre de Moraes, el instructor del caso, Flávio Dino y Cristiano Zanin.
El único voto disidente fue el del ministro Luiz Fux, quien minimizó la existencia de una organización criminal.
Los otros sentenciados son el exministro de Defensa, general Walter Braga Netto, quien recibió 26 años de prisión; el exministro de Justicia y exsecretario de Seguridad de Brasilia, Anderson Torres, y el excomandante de la Marina, Almir Garnier, que fueron condenados a 24 años cada uno.
El exministro del Gabinete de Seguridad Institucional, general Augusto Heleno, fue sentenciado a 21 años, mientras que el exministro de Defensa Paulo Sérgio Nogueira recibió 19 años.
La defensa de Nogueira, en el juicio, acusó a Bolsonaro de comandar el plan golpista, que incluyó el planeamiento de secuestrar al juez Moraes y matar por envenenamiento al presidente Lula da Silva y al vicepresidente Geraldo Alckmin.
El exjefe de la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin), Alexandre Ramagem, también fue condenado.
Uno de los ejes del caso, el exsecretario privado de Bolsonaro, coronel Mauro Cid, quien colaboró como delator, recibió la pena más baja: dos años en régimen abierto.
En su voto, el instructor Moraes presentó pruebas de que Bolsonaro presionó a comandantes militares para evitar la asunción de Lula da Silva e intervenir el poder judicial para mantenerse en el poder.
El Partido Liberal de Bolsonaro emitió un comunicado en el que dice que el fallo es un «día sombrio».
Los próximos pasos, para las defensas, serán presentar recursos especiales para intentar cambiar algunos aspectos de la sentencia.
Por el momento, Bolsonaro tiene prevista una visita al médico el próximo 14 de septiembre y del diagnóstico que tenga dependerá el pedido para cumplir la pena en su domicilio.
Las defensas aún podrán presentar recursos ante el propio tribunal, conocidos como embargos, una vez que se publique la sentencia por escrito, lo cual deberá ocurrir en un plazo máximo de 60 días.
El senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente, calificó como «persecución suprema» el fallo.
La oposición articula en el Congreso una ley de amnistía para anular las sentencias de Bolsonaro y de la treintena que deberán ser juzgados, pero el juez Moraes aclaró en la sesión de este jueves que eso es inconstitucional porque se trata de delitos contra el Estado de derecho.
En su voto, el más breve de los emitidos hasta ahora, la jueza Cármen Lúcia Antunes destacó la importancia simbólica del proceso, que tiene lugar al cumplirse los 40 años de la redemocratización de Brasil.
La denuncia presentada por la Procuraduría General de la República acusó a Bolsonaro de ser el «principal articulador, mayor beneficiario y autor» de las acciones que buscaban romper el Estado Democrático de Derecho para mantenerse en el poder tras su derrota electoral en 2022 ante Lula da Silva. /Xinhua
