Yaxmin González Jiménez
ACARIGUA.– Para el coordinador nacional del Comité de Derechos Humanos para la Defensa de Pensionados, Jubilados, Adultos Mayores y Personas con Discapacidad, Edgar Silva, los anuncios del gobierno de Nicolás Maduro significan una “condena a muerte” para más de cinco millones de venezolanos que dieron su vida productiva al país y forman parte del ataque sistemático orientado a desaparecer a este sector de la población.
“Esto es una condena a muerte, porque es imposible para un adulto mayor sobrevivir con 130 bolívares mensuales de pensión o jubilación para cubrir sus necesidades de alimentación y medicinas. Si eso eran anuncios para este primero de mayo, era mejor que se hubiese quedado callado como se ha mantenido a pesar de los reclamos que vienen haciendo los trabajadores públicos desde hace meses”, manifestó.
El vocero de los pensionados y jubilados considera que se encuentran en peores condiciones a las del año pasado, cuando lograron el aumento de los 130 bolívares, que en ese momento significaban 30 dólares mensuales y que hoy en día se redujeron a $ 5, 25, representando 0,40 centavos de dólar diarios, “muy por debajo del costo de la canasta alimentaria que está en los 510 dólares, mientras la básica supera los mil dólares, colocándolos muy por debajo de la tasa de $ 1,90 que ha sido catalogada por el Banco Mundial como de pobreza extrema”, dijo.
-Habla que aumentó a 40 dólares el cestaticket, excluyendo, una vez más, a los pensionados y jubilados, lo que ratifica esa política de desaparición de los adultos mayores ya que representan una carga financiera que le resta dinero para la altísima corrupción que hay en las altas esferas del gobierno. Hay dinero para la corrupción pero no para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores activos, jubilados y pensionados y los condenan a muerte definitivamente con este estancamiento del salario mínimo, aseveró.
Frente a este panorama de indiferencia y de falta de respuestas del gobierno a los reclamos laborales, Silva hizo un llamado a la unificación de todos los sectores laborales del país, «a que dejemos las diferencias y nos agrupemos en un pliego de peticiones en conjunto y salgamos a la calle, en todos los estados el mismo día y a la misma hora, a reclamar lo que por ley nos corresponde».
