Ginebra.- La Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional (CPI) ordenó este viernes al fiscal Karim Khan que se aparte del caso sobre la situación de derechos humanos en Venezuela por posible conflicto de interés.
“La Sala de Apelaciones considera que existen motivos para creer que existe una causa de recusación del Fiscal y que este tiene la obligación, de conformidad con la regla 35 del Reglamento de Procedimiento y Prueba, de solicitar ser apartado de la situación de Venezuela”, indica el documento que detalla la decisión y el cual también añade que el fiscal tiene un plazo de tres semanas para cumplir con dicha obligación.
El proceso que ha desembocado en esta decisión se remonta al 7 y 8 de noviembre de 2022, cuando Venkateswari Alagendra, cuñada del fiscal, fue parte del equipo de representantes legales del Estado venezolano.
El presidente venezolano, Nicolás Maduro (centro), la primera dama, Cilia Flores (izquierda), y la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, saludan a la multitud tras la publicación de los resultados de las elecciones municipales en Caracas, Venezuela, la madrugada del 28 de julio de 2025. El partido gobernante obtuvo la mayoría de las alcaldías el domingo en unas elecciones boicoteadas por la principal oposición, coincidiendo con el aniversario de la reelección del presidente Nicolás Maduro el año pasado. El gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) obtuvo 285 de las 335 alcaldías, según las proyecciones del propio Maduro, que celebró con sus simpatizantes la madrugada del lunes en la Plaza Bolívar de Caracas. (Foto de Pedro MATTEY / AFP) (Foto de PEDRO MATTEY/AFP vía Getty Images)
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El 12 de noviembre de 2024, la Sala de Apelaciones admitió la “Solicitud de recusación del fiscal de la Corte Penal Internacional en el caso Venezuela I por conflicto de intereses”, presentada por la Fundación Arcadia y Robert Carmona, los cuales denunciaron la existencia de un conflicto de interés del fiscal debido a la relación familiar y profesional entre él y Alagendra.
El caso contra el Estado venezolano ante la CPI investiga acusaciones de violaciones de DD.HH. y delitos de lesa humanidad cometidos en Venezuela desde el 12 de febrero de 2014. El Gobierno venezolano ha rechazado tajantemente tales afirmaciones y acusa a la CPI de actuar bajo intereses políticos.
Tras la desestimación de los argumentos del Gobierno del presidente Nicolás Maduro en 2024, el canciller Yván Gil dijo entonces que aquella decisión “responde a la intención de instrumentalizar los mecanismos de justicia penal internacional con fines políticos, todo ello sobre la base de una acusación por supuestos crímenes de lesa humanidad que nunca han ocurrido”. /CNN
