CARACAS.- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó este lunes que su país debe transitar de su condición de mayor reservorio mundial del crudo hacia la de un «gigante productor», capaz de traducir ese potencial energético en desarrollo económico y bienestar social.
Durante la consulta pública sobre la reforma parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos realizada en Caracas, Rodríguez sostuvo que la producción es el eje estratégico para garantizar el futuro del país.
Señaló que la reforma legal busca captar flujos sostenidos de inversión nacional e internacional, bajo principios de soberanía, control estatal del recurso y nuevas modalidades de gestión adaptadas a la realidad venezolana.
En ese marco, destacó los Contratos de Participación Productiva (CPP) como un modelo probado, incorporado desde la Ley Antibloqueo, que permitió reactivar campos, elevar la producción y generar divisas sin comprometer financieramente al Estado.
La presidenta encargada subrayó que Venezuela no puede conformarse con poseer las mayores reservas del planeta (comprobadas), si estas no se traducen en crecimiento productivo, empleo y estabilidad económica para la población.
Indicó que el país posee campos petroleros aún sin explotar, en un escenario global donde la mayoría de los yacimientos se encuentran en declive, lo que representa una ventaja estratégica para atraer inversiones a largo plazo.
Rodríguez recordó que, bajo estos esquemas, la producción nacional alcanzó en 2025 un promedio de 1,2 millones de barriles diarios, incluso en condiciones de bloqueo naval y sanciones ilegales.
Asimismo, informó que los CPP han permitido incrementar progresivamente la producción en proyectos específicos, como algunos firmados en 2024 con capital extranjero que multiplicaron su volumen operativo en menos de dos años.
La presidenta encargada insistió en que la reforma no responde a agendas ocultas, sino a la consolidación de modelos que ya están en ejecución y han demostrado resultados medibles en materia de producción e inversión.
Desde el sector empresarial, Reinaldo Quintero, presidente de PetroPymi, afirmó que la nueva estructura legal es indispensable para atraer los capitales necesarios que permitan escalar la producción hacia niveles superiores.
Quintero señaló que la reforma aborda aspectos clave como regalías, arbitraje, armonización tributaria y contenido local, elementos que inciden directamente en la sostenibilidad del aparato productivo petrolero.
Destacó que el petróleo sigue siendo un factor determinante del hecho social venezolano y que su correcta gestión exige unidad nacional y una visión estratégica de largo plazo.
Por su parte, el director de la empresa Nabep y representante de proyectos bajo la modalidad CPP, Pedro Arturo Balart, calificó el esquema como un giro modernizador que convierte a la empresa privada en aliada estratégica del Estado.
Balart explicó que estos contratos permiten incorporar tecnología, capital e infraestructura, al tiempo que preservan la propiedad estatal del recurso y protegen la inversión privada.
Indicó que, bajo esta modalidad, se han recuperado más de 1.600 pozos y aportado decenas de millones de barriles a la producción nacional, con inversiones superiores a los 1.000 millones de dólares.
Los voceros empresariales coincidieron en que la reducción de las sanciones impuestas por EE. UU. contra la actividad petrolera venezolana fortalecería las cadenas financieras y de suministro, consolidando el crecimiento de los proyectos productivos.
En ese sentido, Delcy Rodríguez reafirmó que la reforma legal es un instrumento para articular al sector privado con las empresas del Estado dentro de una política común orientada a la producción.
Finalmente, la presidenta encargada sostuvo que convertir a Venezuela en un gigante productor no es una consigna, sino una necesidad histórica para garantizar estabilidad económica y justicia social. /Agencia Xinhua
