BOGOTÁ.- Las autoridades colombianas anunciaron este viernes, 1 de julio, la extradición de Nini Johana Úsuga, alias ‘La Negra’, a Estados Unidos. La hermana del narcotraficante Dairo Antonio Úsuga alias ‘Otoniel’, apareció en Bogotá rodeada por agentes de la Interpol antes de subir al avión que la llevó al país norteamericano.
‘La Negra’, trabajo con el Clan del Golfo, el grupo narcoparamilitar más poderoso del país. Según un comunicado de la policía colombiana, era la encargada de «dinamizar las rentas criminales obtenidas del narcotráfico». También era “responsable de darle el carácter de legalidad a los dineros derivados producto del narcotráfico de la organización criminal, a través del lavado de activos». Finalmente, coordinaba la exportación de drogas desde Colombia a otros países.
En 2013, Nini Johana Úsuga fue detenida cerca de la ciudad de Medellín, la segunda urbe de Colombia, con el equivalente de 5,5 millones de dólares que, según la Policía, eran «rentas ilegales de la agrupación criminal de su hermano». En prisión, logró escaparse tras la falsificación de documentos antes de ser detenida nuevamente por “concierto para delinquir, porte ilegal de armas de fuego, fuga de presos, falsedad en documento público y fraude procesal».
Con ella, fueron extraditados seis otros responsables del Clan del Golfo, también acusados de narcotráfico.
Otoniel, uno de los mayores narcotraficantes de Colombia
Su hermano, alias ‘Otoniel’, acusado de ser el jefe del Clan del Golfo, fue extraditado para enfrentarse a cargos de narcotráfico en Estados Unidos a principios de mayo.
El presidente saliente, Ivan Duque, había entonces anunciado su detención con orgullo. «Es el narcotraficante más peligroso del mundo, un asesino de líderes sociales y policías, un violador de niños y adolescentes. Hoy triunfa la legalidad, el Estado de Derecho, la fuerza pública y la justicia», afirmó Duque, añadiendo que solo se podía comparar con Pablo Escobar, el famoso cofundador del Cartel de Medellín, que fue abatido por la Policía en 1993.
Está acusado, entre otras cosas, de «liderar una empresa criminal continuada» y de «participar en una conspiración internacional para fabricar y distribuir cocaína, a sabiendas y con la intención de que las drogas fueran importadas ilegalmente a Estados Unidos». Se declaró no culpable de los cargos en el tribunal federal de Nueva York tras su extradición.
Las autoridades dicen que ‘Otoniel’ es responsable de la muerte de cientos de miembros de las fuerzas de seguridad colombianas, entre otras masacres. Se enfrenta a mínimo 20 años de cárcel y a la cadena perpetua como máximo.
‘Otoniel’ primero hizo parte de la guerrilla colombiana Ejército Popular de Liberación (EPL) antes de pasar a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y de crear su propia banda criminal cuando se desmovilizaron. El narcotráfico y la guerra contra las drogas son componentes centrales del conflicto armado en Colombia.
La extradición cuestionada
La extradición fue abolida en 1991 en Colombia, con el artículo 35 de la nueva Constitución: “Se prohíbe la extradición de colombianos por nacimiento. No se concederá la extradición de extranjeros por delitos políticos o de opinión. Los colombianos que hayan cometido delitos en el exterior, considerados como tales en la legislación nacional, serán procesados y juzgados en Colombia”.
Así, Pablo Escobar alcanzó un acuerdo con el Gobierno colombiano y pudo estar encarcelado en 1991 en su propia prisión en Colombia.
Sin embargo, el Congreso la restableció sólo seis años después, tras un derramamiento de sangre sin precedente por los carteles del narco. Hasta ahora, la extradición fue una de las principales herramientas para luchar contra esta lacra en el país andino.
Sin embargo, el mandatario electo, el izquierdista Gustavo Petro, planteó recientemente detener la extradición de aquellos narcos que se acojan a un eventual proceso de «desmantelamiento pacífico del narcotráfico». Anunció una «política de sometimiento colectivo a la justicia» para narcotraficantes.
Al momento de la extradición de Otoniel, las víctimas habían criticado la medida, argumentando que necesitaban conocer la verdad sobre sus acciones como guerrillero y sobre los cientos de casos por violación a derechos humanos
EFE/ Reuters/ AFP/
