ESPECIAL.- Para los alcaldes democráticos de Portuguesa, la Ley de Coordinación y Armonización de las Potestades Tributarias de los Estados y Municipios que está proponiendo Nicolás Maduro ante la Asamblea Nacional, es la intención anticonstitucional de cercenarles las competencias, liquidar su autonomía y ponerlos de rodillas ante el Gobierno central.
Carlos Barrios, Valmore Betancourt, Jóbito Villegas y Oswaldo Zerpa, alcaldes de Ospino, Guanarito, Sucre y Unda, respectivamente condenaron en un comunicado conjunto, “el intento oficialista de aprobar esta ley, interpretando a su manera la necesaria coordinación de los tres niveles de poder para evitar la doble tributación y su naturaleza confiscatoria, para subordinar a las regiones y a los municipios al ejecutivo nacional, tratando de aniquilar la descentralización consagrada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y pretendiendo sustituirla por un modelo federal cooperativo, lo que sería un adefesio de acuerdo al criterio del exministro Rodrigo Cabezas, quien alerta a alcaldes y gobernadores a mirar con atención y tratar de impedir este nuevo atropello de Miraflores”.
La Carta Magna consagró lo que tanto se había luchado antes “como las competencias tributarias municipales que son distintas y autónomas del poder central y los blinda en sus artículos 180, 168, 164, y 16, y éste último obliga a aprobar una ley que debe garantizar la autonomía municipal y la descentralización política administrativa, que se intentó con la aprobación en el 2005 de la Ley de Hacienda Pública Nacional, a la cual el Presidente Hugo Chávez se negó a ponerle el ejecútese”
Los cuatro alcaldes afirmaron que “no puede el Ejecutivo pasar por encima de la Constitución, cuando coloca al Ministerio de Finanzas como rector del sistema tributario de los municipios y Estados, sin precedentes en nuestro país, entre otras violaciones graves. Por ello, exhortamos a movilizarnos, sin distingo de colores, convocando a las cámaras municipales, universidades, gremios profesionales, para evitar el aniquilamiento de los municipios y estados, y debemos comenzar por recordar que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia del de marzo del 2004 ratificó al interpretar el artículo 180 que existe una separación del poder normativo de la República y los estados respecto al poder tributario de los municipios”.
