Miguel Enrique Villavicencio.- «El hecho que ahora, por decreto del Gobierno se permita al ciudadano grabar los procedimientos de los organismos de seguridad del Estado, no significa que con esto se eliminará la «Misión Rebusque» que incluye la matraca y la extorsión».
Así lo expresó el doctor Rafael Narváez, exparlamentario y abogado defensor en materia de Derechos Humanos y Civiles en el país, quien agregó que los jefes de los diferentes cuerpos de seguridad, son los principales responsables de la conducta reprochable que ejercen sus subordinados en contra del ciudadano.
Narváez puso en duda la resolución conjunta que autoriza al ciudadano a grabar los procedimientos de los cuerpos de seguridad, y considera que se trata de una decisión efectista que no ataca el problema de fondo.
– El problema radica en la escasa formación académica, en el desconocimiento de la ley y del límite de sus actuaciones, esto con la finalidad de no incurrir en abusos que violen los derechos humanos – dijo.
Apunta que los organismos de seguridad se han convertido en la amenaza del ciudadano y prueba de ello es lo que ocurre en los puntos de control, que están impregnados de prepotencia, altanería, abuso de poder e intimidación para luego aplicar la famosa «matraca».
Más adelante, manifestó que grabar un procedimiento ejecutado al margen de la ley por un grupo uniformado armado hasta los dientes es de alto riesgo para el ciudadano víctima o testigo, y mucho más si es de noche.
– Absolutamente para nadie es un secreto que el funcionario policial amenaza al ciudadano con despojarlo del celular, retención del vehículo e incluso hasta con una posible siembra de un arma o una sustancia prohibida – destacó.
Narváez exigió la depuración con urgencia de los organismos de seguridad del Estado, empezando por sus jefes que son responsables por la falta de supervisión, evaluación, control y además convalidar esa conducta reprochable al no combatirla.
