ESPECIAL.- La presidenta de la Cámara de Comercio e Industria de Acarigua– Araure, Gioconda Rivas, manifiesta su «preocupación ante el silencio de la doctora Ana Carlota Morillo, Registradora Mercantil Segunda del Estado Portuguesa, a la solicitud de reunirnos a efectos de los múltiples reclamos y denuncias de nuestros agremiados en torno al retraso de los trámites pertinentes, y a los montos mínimos de capital que estarían exigiendo en ese registro, que en nada se compaginan con la legalidad vigente ni con las condiciones que les imponen para dichos trámites a las empresas domiciliadas en Guanare y otros estados vecinos».
Al hacer esa comparación -alega Rivas- resulta más que evidente la imposición de cifras por parte de la Registradora Mercantil Segunda del Estado Portuguesa, quien en la supuesta aplicación de las directrices del SAREN (las cuales no están publicadas) se ha dado a la tarea de rechazar trámites, porque a su juicio los capitales son insuficientes. Es preciso enfatizar que tales criterios se encuentran bastante apartados de los resultados financieros de la mayoría de las empresas y comercios que intentan hacer dichas gestiones, con informes avalados por al menos dos profesionales de la contaduría, el contador de la empresa y el comisario, y es a éste último a quien corresponde la recomendación del aumento de capital.
Asegura la presidenta de la CCIAA que «es inaceptable que se impongan cifras caprichosas, para nada cónsonas con el flujo de caja de las empresas y comercios que vienen de afrontar los embates económicos de una pandemia».
Mientras el gobierno nacional hace esfuerzos para automatizar los servicios -asegura Rivas-, en el Registro Mercantil se exige, para la culminación del trámite, la presencia de todos los accionistas para proceder a firmar la planilla de origen de los fondos delante de la registradora. Cabe preguntarse de qué sirve realizar un registro de firma electrónica y de que se automaticen los trámites, cuando en instituciones públicas, como el Registro Mercantil II, se desconoce la legislación y el derecho de los usuarios.
Todos estos inconvenientes -remata- estimulan al comerciante a emigrar al sector informal de la economía.
