Yaxmin González Jiménez
ACARIGUA.- “Aquí estamos exigiendo un precio justo para el maíz blanco y amarillo, exigiendo que reconozcan el esfuerzo de nuestro trabajo, aquí estamos los productores de todos los estados para reclamar nuestros derechos, que nuestro trabajo sea bien remunerado” fueron algunos de los reclamos hechos por agricultores de Barinas, Guárico, Cojedes y Portuguesa que protestaron este miércoles a las puertas de la planta Remavenca de Empresas Polar en la población de Turmero, estado Aragua, para exigir la fijación del valor del rubro para la presente cosecha.
Esparciendo sacos de maíz en los portones de la agroindustria, los productores exigieron la fijación de precios justos ya que el valor de 360 dólares por tonelada no cubre ni siquiera los costos de producción y les genera graves pérdidas que los coloca al borde de la ruina.
Argumentando que dejaron sus campos y parcelas para defender un derecho, Moraima Barranco, productora del municipio Turén, exigió el respeto que se merecen como venezolanos y recalcó que seguirán en pie de lucha para hacer valer sus reclamos ante la intransigencia de la empresa en torno a cancelar el precio de 450 dólares por tonelada, surgido en las mesas de negociaciones con el Gobierno nacional y la agroindustria.
La tranca, que se extendió desde antes del mediodía hasta pasadas las ocho de la noche, fue disuelta tras la intermediación de la Guardia Nacional Bolivariana, a la espera que este jueves haya un pronunciamiento oficial.
Immer Castellanos, productor de Río Acarigua, lamentó que se haya irrespetado la propuesta de 0,45 centavos de dólar por kilo de maíz amarillo y emplazó al Ministerio de Agricultura y al Ejecutivo Nacional a emitir una resolución que obligue a la agroindustria a cancelar ese precio.
“Estamos en presencia de una política antinacionalista ya que mientras las plantas procesadoras pagan el kilo de maíz importado y de mala calidad a 0,45 centavos de dólar, la producción nacional la pretenden cancelar entre 0,36 y 0,38 centavos de dólar mientras vemos que el Ministerio de Agricultura no ejerce autoridad alguna para revertir esta situación”, aseveró.
Por otra parte, Castellanos insistió en rechazar el “paquete criminal” que degolla al 80 por ciento de los 500 mil pequeños y medianos productores de Portuguesa, toda vez que “nos exigen tres mil kilos por hectárea para cancelar solamente los insumos y si le agregamos flete y cosecha vemos que un agricultor con seis mil kilos de rendimiento está muerto, en la ruina absoluta».
