LIMA (AP).- A pesar de los intentos de Pedro Castillo por disolver el Congreso horas antes de la votación, los parlamentarios decidieron la destitución del jefe de Estado por “permanente incapacidad moral”.
De las 130 bancadas, 101 fallaron a favor del cese del mandatario, quien este miércoles 7 de diciembre llamó a la conformación de un “Gobierno de excepción” luego de anunciar el desintegro del aparato Legislativo, una decisión controvertida que profundizó la inestabilidad política en el país.
Su propia vicepresidenta, Dina Boluarte, la Fiscalía General, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y actores oficialistas y opositores repudiaron este “autogolpe de Estado”, el cual generó renuncias en delegados internacionales como la OEA y de ministros importantes como en las carteras de Economía, Justicia y Trabajo.
Boluarte fue citada para las 15 (hora local) para que jure como nueva Jefa de Estado de la República de Perú. De concretarse, será la primera mujer en ocupar el cargo en la historia del país.
Por su parte, Castillo ha sido detenido por romper el orden constitucional, según notificaron los medios locales e imágenes proporcionadas por la Fiscalía de Perú.
Minutos antes, se había retirado del Palacio de Gobierno acompañado por miembros de su familia, con destino incierto.
Repercusiones internacionales por la crisis política
El anuncio de Pedro Castillo sobre la disolución del Congreso provocó una cadena de renuncias, no solo de sus ministros sino también de embajadores y personajes en el extranjero, como fueron los casos de los enviados en Estados Unidos, España y el delegado del país ante la Organización de Estados Americanos.
Washington se mostró en contra de los intentos del presidente peruano. En un comunicado, la embajada estadounidense en Lima rechazó “categóricamente cualquier acto extraconstitucional para impedir que el Congreso cumpla con su mandato”.
El Gobierno norteamericano llamó a “revertir” el intento de cerrar el Parlamento y a dejar el normal funcionamiento de las “instituciones democráticas”.
Por su parte, el canciller de México, Marcelo Ebrard, informó que se suspendió la Cumbre de la Alianza del Pacífico que estaba prevista para el miércoles en la capital peruana. En un tuit, Ebrard evitó calificar los sucesos en el país miembro.
Sin embargo, el diplomático minutos después recalcó que “lamenta” este momento en Perú e hizo “votos por el respeto a la democracia y a los derechos humanos en bien de ese entrañable pueblo hermano”.
La Fiscal General y la Vicepresidenta de Perú, en contra del “golpe de Estado” de Castillo
Dina Boluarte, la segunda persona de mayor relevancia en el actual Gobierno peruano, repudió los movimientos del presidente.
A través de su cuenta de Twitter, Boluarte dejó en claro que rechaza la decisión “de perpetrar el quiebre del orden constitucional con el cierre del Congreso”. “Se trata de un golpe de Estado que agrava la crisis política e institucional que la sociedad peruana tendrá que superar con estricto apego a la ley”, agregó.
Por su parte, la Fiscal General de Perú, Patricia Benavides, se mostró en contra “de manera enfática” ante “todo quebrantamiento del orden constitucional”. Las declaraciones las hizo durante una ceremonia previamente pautada en el Ministerio Público.
Las Fuerzas Armadas cierran sus puertas y rechazan la decisión de Castillo
El cuartel ‘Rafael Hoyos Rubio’ que se encuentra en Rímar, un distrito de Lima, clausuró sus puertas este miércoles como reacción a la determinación del presidente Pedro Castillo.
A través de un comunicado junto a la Policía Nacional, el Ejército recalcó que serán “respetuosos del orden constitucional establecido”. En tanto apuntan que la disolución del Parlamento va contra la Constitución y genera “el no acatamiento de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional”.
En un párrafo final, piden a la ciudadanía “mantener la calma y confiar en las instituciones del Estado legalmente establecidas”.
Este miércoles al mediodía, legisladores opositores y miembros de organismos como el Tribunal Constitucional habían solicitado a las FF. AA. que “defiendan el orden constitucional” y se muestren en contra de la postura de Castillo.
Opositores y oficialistas rechazaron el «autogolpe»
Como un “golpe de Estado” califica la oposición la decisión del presidente Pedro Castillo de disolver el Congreso e instalar una Administración de emergencia.
En un mensaje a la nación, el mandatario aseguró que establecerá un “gobierno de excepción” y llamará a nuevos comicios legislativos.
“Convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución en un plazo no mayor de nueve meses. A partir de la fecha y hasta que se instaure el nuevo Congreso se gobernará mediante decretos de ley”, aseguró Castillo este miércoles 7 de diciembre.
Asimismo, el líder del Ejecutivo aseguró que se reorganizará el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional y la Junta Nacional de Justicia.
De inmediato, decenas de miembros de un legislativo de mayoría opositora condenaron la medida y acusaron a Castillo de propinar un golpe a la democracia e implantar una toma indebida del poder.
«Este es un golpe de Estado donde Pedro Castillo ha decidido romper los marcos constitucionales. En este momento lo que está en juego es la democracia», aseguró la congresista del Partido Cambio Democrático, Ruth Luque.
En medio de la controvertida medida, el ministro de Justicia, Félix Chero, anunció su dimisión.
“Respetuoso de la institucionalidad democrática y ante el anuncio del cierre del Congreso y la conformación de un gobierno de emergencia nacional, renuncio irrevocablemente a mi cargo de ministro de Justicia y Derechos Humanos”, aseguró Chero mediante su cuenta de Twitter.
Los ministros de Economía, Trabajo, Exteriores y el embajador ante la OEA también anunciaron su renuncia y el rechazo a la decisión del presidente Castillo.
Castillo enfrentaba el tercer pedido de destitución
Las declaraciones del presidente se produjeron justo horas antes de que los legisladores sostuvieran un debate sobre un nuevo pedido de destitución contra el mandatario.
La semana pasada, el Legislativo citó al jefe de Estado a responder a acusaciones de “incapacidad moral” para gobernar.
Se trata del tercer intento de acusar al asediado presidente de izquierda desde que comenzó su mandato de cinco años, en julio de 2021.
La Fiscalía investiga al presidente en seis casos preliminares, la mayoría por presunta corrupción, bajo la hipótesis de que Castillo habría utilizado su posición en el Gobierno para lucrar mediante la concesión de obras públicas.
Sin embargo, el gobernante ha negado las acusaciones en múltiples ocasiones. Castillo ha atribuido los continuos llamados a moción de vacancia en su contra como una persecución política.
En medio de la constante tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo, formado por una mayoría opositora de derecha, Castillo ya había dado algunos pasos que apuntaban a la disolución del Parlamento.
El pasado 25 de noviembre, aceptó la renuncia de su primer ministro Aníbal Torres, después de que el Congreso rechazara un voto de confianza para aprobar un proyecto de ley impulsado por el presidente.
La Constitución peruana establece que, si el Congreso rechaza un voto de confianza, el presidente debe renovar su gabinete de ministros y si esto se repite en una segunda ocasión, el mandatario queda habilitado para disolver el Parlamento y convocar de inmediato a nuevas elecciones legislativas.
Además, el enfrentamiento entre el Congreso y la Fiscalía es tan fuerte que recientemente el jefe de Estado pidió una visita de una misión de alto nivel de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Al concluir su visita la delegación señaló en un informe que es necesaria una tregua política en el país para estimular el diálogo entre las partes.
Perú ha encarado diversos torbellinos políticos que han llevado al país a tener cinco presidentes en los últimos seis años.
Desde 2016 la nación está bajo una crisis política caracterizada por Parlamentos y presidentes de turno que buscan eliminarse por desacuerdos entre sí.
AP/
