LIMA.- La sombra de la crisis y la ingobernabilidad es profunda en Perú y bien lo sabe la presidenta Dina Boluarte, cuando cumple tres meses en el cargo. El pasado 7 de enero fue proclamada presidenta del país luego del arresto de Pedro Castillo, de quien había sido vicepresidenta, tras haber intentado disolver un Congreso del que los peruanos tenían incluso peor opinión que del propio presidente. En estos 90 días, el país se ha visto sumido en una espiral de protestas y violencia.
Desde que Boluarte asumió el cargo, los simpatizantes de Castillo, muchos de ellos indígenas, campesinos y de clases populares, salieron a las calles con varias premisas. Entre ellas, la liberación del entonces presidente, la convocatoria de nuevas elecciones y de un referendo para una asamblea constituyente en el menor tiempo posible.
Hasta este martes 7 de marzo ninguna de las dos se ha cumplido. Boluarte ha sido muy crítica con su predecesor, en prisión provisional y acusado entre otras cosas de organización criminal, y si bien ha intentado que el Congreso adelantara las elecciones, no se ha llegado a un acuerdo que contente las calles.
Entre medias, en torno a 60 fallecidos en las protestas, que especialmente se han registrado en la zona andina del sur del país. Claman contra las desigualdades históricas en el eje Lima – periferia y lanzan una acusación: «Dina asesina», culpando directamente a la presidenta Boluarte de las muertes de manifestantes.
En el ámbito internacional, el encarcelamiento del expresidente y el actuar de las fuerzas de seguridad en las manifestaciones han dejado a Boluarte en cierto aislamiento, especialmente respecto a gobiernos de cercanía ideológica con Castillo como Colombia, Chile y especialmente México.
Con este último, Perú redujo sus relaciones “a nivel de encargados de negocios” y retiró de allí a su embajador luego de numerosas acusaciones de injerencias en la política interna peruana por las críticas de Andrés Manuel López Obrador a la gestión del Gobierno y la negativa a pasar la presidencia de la Alianza del Pacífico.
Incluso, organismos como la Organización de Estados Americanos (OEA), la Corte Interamericana de Derechos Humanos y Amnistía Internacional han condenado la violencia policial, así como también la violencia cometida por los manifestantes. En este aniversario por los tres meses de gobierno, Boluarte tuvo que declarar por ello ante la Justicia.
Boluarte ante la Fiscalía por la muerte de manifestantes
La declaración de este martes ante la fiscal general del país, Patricia Benavides, se llevó a cabo de manera presencial, pese a que en un primer momento la abogada de Boluarte pidió que se hiciera de manera virtual. En ella, “brindó declaraciones respecto a las investigaciones que sigue el Ministerio Público» por una posible responsabilidad en las muertes de manifestantes, informó la Presidencia peruana.
La investigación de Benavides busca concretamente indicios de posible comisión de los delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves. Junto a Boluarte, en el proceso se ha incluido al actual primer ministro Alberto Otárola y a su antecesor, Pedro Angulo, así como al ministro de Defensa, Jorge Chávez, y a los exministros del Interior Víctor Rojas y César Cervantes.
Según la Defensoría del Pueblo, al menos 48 civiles murieron durante enfrentamientos con las fuerzas del orden, mientras que un policía perdió la vida tras ser quemado vivo y otras 11 personas debido a los bloqueos de carreteras por manifestantes.
Mientras se lleva a cabo este proceso, persisten las protestas en buena parte del territorio nacional. En la capital, Lima, hubo de nuevo enfrentamientos entre manifestantes y policía durante el fin de semana. El domingo, seis soldados murieron en la región de Puno, epicentro de las protestas en el sur del país, cuando intentaban cruzar un río cuando supuestamente huían de manifestantes antigubernamentales.
Sin acuerdo para el adelanto de elecciones
La ingobernabilidad del país y la fragmentación del espectro político se han visto reflejados también en el Congreso de Perú.
Hasta allí han llegado cuatro propuestas para el adelanto electoral a 2024 e incluso para este 2023, pero ninguna de ellas ha prosperado.
El propio Gobierno planteó dos propuestas para terminar el actual periodo presidencial que debería acabar en el año 2026. Pero tras largas horas de debate, hasta la fecha no se ha conseguido dar respuesta a una de las principales peticiones de los manifestantes.
También este martes, la Comisión de Constitución del Congreso de Perú analizó, sin llegar a un acuerdo, la elaboración de un nuevo proyecto de adelanto de elecciones generales. De haberse llegado a un acuerdo, se habría enviado la propuesta al Congreso para su debate, pero hay varios puntos de discrepancia.
Entre las desavenencias, según el presidente del grupo de trabajo legislativo, el fujimorista Hernando Guerra García, se encuentra la fecha para la votación y la condición en una de las propuestas que también se convoque a un referendo para una asamblea constituyente.
EFE/
