Yaxmin González Jiménez
ACARIGUA.- A través de un documento entregado a la diputada Asia Villegas, presidenta de la Comisión Permanente de las Familias, la Libertad de Religión y de Cultos de la Asamblea Nacional, representantes de los jubilados de la administración pública y los pensionados del Seguro Social exigieron mejoras socio-económicas ante el deterioro progresivo de sus condiciones de vida y que los coloca en un crítico estado de indefensión como ciudadanos.
En representación de la Coordinadora de Pensionados y Jubilados de Venezuela (Copenjuve) y el Comité de Derechos Humanos para la Defensa de los Pensionados, Jubilados, Adultos Mayores y Personas con Discapacidad; Irma García Mendoza, de Portuguesa, acompañada, entre otros, por Alba Morales por Carabobo, Francisco Carmona por Lara, Emilio Lozada y Pedro García de Distrito Capital, hicieron entrega del documento en el que plantean la designación de una comisión mixta para el seguimiento a las propuestas de este sector y el incremento de las pensiones y jubilaciones de acuerdo al costo de la Canasta Básica, según el artículo 91 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
En el escrito, se solicita el restablecimiento del pago a más de 30 mil pensionados venezolanos en el exterior, quienes tienen 7 años y 7 meses que no se les paga la pensión del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), asimismo piden la restitución de la obligación que tiene el IVSS de otorgar los medicamentos, exámenes de laboratorio y las consultas oportunamente a todos los asegurados y en especial a los adultos mayores, quienes no pueden cancelar estos servicios en el sector privado por el bajo poder adquisitivo de las pensiones.
De igual manera plantean el restablecimiento del otorgamiento de las pensiones de acuerdo a la Ley del Seguro Social y su Reglamento, sobre la base del número de cotizaciones que pagó el trabajador y el salario devengado al momento de la solicitud de la pensión; la reactivación de la Comisión de Alto Nivel, creada en el gobierno de expresidente Hugo Chávez en el año 1999, para el seguimiento de la problemática de los pensionados del IVSS y de los jubilados de la Administración Pública, misma que permaneció activa hasta el año 2007.
García Mendoza destacó que lo que se quiere es que la Asamblea Nacional sirva de mediador ante el Ejecutivo nacional para que se realicen los trámites necesarios y se aprueben los créditos adicionales para atender los reclamos de los pensionados y jubilados venezolanos.
La representante de los adultos mayores de Portuguesa calificó de “positivo” el encuentro en el parlamento nacional y abogó por una respuesta satisfactoria a los planteamientos, tomando en cuenta que existe una crisis humanitaria compleja y es por ello que se encuentran en la calle protestando y exigiendo sus derechos.
En ese sentido, informó que sostuvieron además un encuentro con representantes de Provea, organismo éste al que le solicitaron hacerle un seguimiento al escrito entregado al parlamento, “como parte del trabajo de documentación para reclamar acciones ante la Corte Penal Internacional ya que entes como la Fiscalía General no nos ha dado respuestas y ese silencio administrativo se hace cómplice de la política de exterminio que se viene aplicando en perjuicio de los adultos mayores”, refirió.
