Miguel Enrique Villavicencio.- El doctor Rafael Narváez, exparlamentario y abogado defensor en materia de Derechos Humanos y Civiles en el país, consideró como una victoria para las víctimas, la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares en cuanto a autorizar al Fiscal de la Corte Penal Internacional, para que continúe con la investigación contra el Estado venezolano por los crímenes de lesa humanidad ocurridos en el año 2017.
-El Estado continúa negándose en investigar y procesar penalmente a los verdaderos perpetradores de alto nivel como los jefes de los componentes del letal plan Zamora, así como a su cadena de mando – dijo.
Resalta que esta decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares es un paso significativo con sabor a victoria para las víctimas que están en esa búsqueda de lograr justicia internacional, pues sostiene que el sistema de justicia en Venezuela decidió colocarse al lado de la impunidad protegiendo a los responsables de tan horrendos crímenes.
-Es imposible olvidar las felicitaciones con aplausos y algarabías ofrecidas por el mismo Gobierno a todos los efectivos del plan Zamora y, en especial a la Guardia Nacional Bolivariana, una vez que finalizaba la jornada impregnada de represión, detenciones arbitrarias, tratos crueles e inhumanos y degradante con torturas, para luego recluirlos en la sede del Sebin, Dgcim o la cárcel de Ramo Verde.
Estos centros de detención se convirtieron en «cunas de violaciones graves a los derechos humanos» – aseveró.
Criticó que una vez más el régimen de Nicolás Maduro descalifique a los jueces de la sala de cuestiones preliminares de la CPI por la reciente decisión, sin revisar el incumplimiento del documento de entendimiento firmado con el fiscal Karim Khan, donde se comprometía al principio de complementariedad establecido en el Estatuto de Roma, y a realizar investigaciones a los funcionarios de alto nivel y no a miembros de cuerpos de seguridad de bajo rango.
-Se les olvidó que la CPI sólo investiga crímenes de lesa humanidad que incluye a jefes de Estado en ejercicio, altos mandos militares y funcionarios de alto grado o jerarquía – agregó.
Para finalizar, recordó al Estado que la CPI investiga, procesa y condena por crímenes de lesa humanidad en forma individual y que el sistema universal de los derechos humanos no concede privilegios a los investigados.
