Miguel Enrique Villavicencio.- «Derechos civiles y políticos vulnerados, con hambre y amenazas de cárcel a quien proteste, convierten a Venezuela en un Estado depredador de los Derechos Humanos».
Tal criterio pertenece al doctor Rafael Narváez, exparlamentario y abogado defensor en materia de Derechos Humanos y Civiles en el país, quien agrega que los poderes públicos y muy especialmente el sistema de justicia, le dan luz verde al régimen de Nicolás Maduro para que viole la soberanía popular que reside en el voto, ejecutando inhabilitaciones con pretensiones de invadir el ejercicio privado de los ciudadanos de realizar las primarias.
A su juicio, el Gobierno tiene otra vez la pretensión de iniciar una nueva escalada en contra de los DDHH y demás garantías constitucionales de los ciudadanos.
-Parece que no le basta con mantener en prisión a 280 presos políticos sin el debido proceso y con retardo procesal. Hay sindicalistas de Guayana detenidos y no se conoce su paradero, además una población sometida a una hiperinflación económica sin límites con sueldos miserables y pensiones de hambre – dijo.
Desde su punto de vista, el gobierno está haciendo uso de los poderes públicos como la Asamblea Nacional y el sistema de justicia, con el fin de arremeter contra el camino de los ciudadanos que aspiran por la vía electoral tomar sus decisiones abrazadas de la soberanía popular que reside en el voto para así producir un cambio pacífico electoral y democrático en Venezuela.
-La conducta del Estado sigue siendo reprochable e inhumana contra una sociedad que ya no encuentra derechos y garantías constitucionales establecidas en nuestra Constitución para defenderse, señaló Narváez.
«No es un secreto que la Defensoría del Pueblo se ha convertido en una especie de jarrón chino que prácticamente les ha dado la espalda a las víctimas de violaciones de DDHH», agraegó
-Estamos en presencia de una nueva arremetida del régimen de Nicolás Maduro, pero en esta ocasión es contra de los derechos políticos al usar todo su poder y no permitir a los ciudadanos organizarse con miras a unas elecciones presidenciales que, constitucionalmente deben realizarse en el año 2024, advirtió mas adelante.
Narváez exigió al TSJ asumir las atribuciones establecidas en la Constitución nacional y en la Ley Orgánica del Poder Judicial para que le permita a la sociedad ejercer sus derechos políticos.
