Yaxmin González Jiménez
ACARIGUA.- El ausentismo de docentes y alumnos, aunado a las deplorables condiciones de la infraestructura educativa, han marcado un “inicio traumático” del año escolar 2023-2024, en el que no cesan tampoco los reclamos por un salario digno y reivindicaciones socio-económicas.
Al respecto, el secretario general de la Federación Venezolana de Maestros (FVM) en Portuguesa, Pablo Rangel, señaló que el mal estado en que se encuentran las instituciones, es una de las causas por las cuales en algunos planteles no se ha iniciado el año escolar, “a pesar de la alharaca que armó el gobierno para anunciar que las escuelas se encontraban en buen estado”.
Señaló que instituciones como la Escuela Gumersindo Martínez en Agua Blanca, Hermanas Peraza, Escuela Técnica Simón Bolívar y el Centro de Educación Inicial Rosalía Campins de Herrera de Acarigua o el Rivas Baldwin de Turén, están inservibles y no pueden albergar al personal docente ni alumnado, toda vez que se incumple el artículo 87 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el artículo 56 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (Lopcymat), que establece que las condiciones de los centros de trabajo deben ser óptimas.
“Este es un gobierno que irrespeta el Estado de Derecho, menosprecia las leyes y los derechos humanos, es por eso que en Portuguesa y en la mayoría de los estados no se han iniciado las clases en su totalidad, amén de las circunstancias económicas que sufren los obreros, personal administrativo y el docente, así como de los propios estudiantes que no tienen ni un lápiz un una libreta para tomar apuntes en las escuelas porque sus padres tampoco tienen dinero, porque son unos asalariados, al igual que los maestros, y obligados a sobrevivir con un salario miserable”, reiteró.
Rangel expresó que la lucha de los trabajadores de la administración pública en Venezuela continua, este 5 de octubre, en ocasión de conmemorarse el Día Internacional del Docente, se va a celebrar en más de diez estados del país “con protestas para seguir exigiendo un salario y una pensión justa para cinco millones de pensionados y jubilados, que les permita vivir con dignidad y decoro sus últimos días”.
