BUENOS AIRES.- El 24 de enero de 2024 es la fecha que dispuso la CGT de Argentina para llevar a cabo la tercera gran movilización contra el gobierno de Javier Milei (será la segunda organizada por la CGT, dado que la primera fue este miércoles 27 de diciembre).
Ese mismo día de enero, la central obrera convocó a un paro nacional. Será el primero que deberá sortear la recién inaugurada gestión del presidente que se identifica como libertario, pero con claros rasgos ideológicos de extrema derecha.
Las medidas fueron tomadas en el marco de un “plan de lucha” luego de la sesión del Comité Central Confederal de esa organización, que concentra a los sindicatos de Argentina.
En tanto, el 10 de enero la CGT llevará adelante un plenario nacional con todas las delegaciones del país.
Previo a la sesión, el secretario general de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, declaró a los medios locales que las últimas medidas del presidente Javier Milei «tienen características nocivas para la República”, en relación al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) y a la denominada “Ley Ómnibus”, que busca realizar importantes reformas en el Estado y en la economía nacional.
Por su parte, Héctor Daer, sindicalista referente de los trabajadores de la sanidad e integrante de la CGT, señaló al canal de noticias ‘TN’ que «uno puede transformar un país, pero debe hacerse con un gran acuerdo con base de sustentación política, proponiendo debate. Acá estamos deshaciendo la administración del Estado, convirtiéndola en la nada misma y a partir de eso alguien nos dice que vamos a estar mejor. pero las consecuencias son tarifazo y devaluación».
Sobre la reunión de este jueves, voceros gremiales señalaron a la agencia argentina Télam que «la idea de la mayoría de los dirigentes y organizaciones es aprobar la instrumentación de un plan de lucha gradual».
CGT: “Los trabajadores no somos la casta”
El miércoles 27 de diciembre, cuando se realizó la primera movilización organizada por la CGT, pero la segunda contra el Gobierno de Milei (la primera fue organizada el 20 de diciembre por el Polo Obrero y movimientos de izquierda), la central de trabajadores emitió un comunicado en el que cuestionan duramente las políticas económicas implementadas y los proyectos anunciados por el Ejecutivo nacional.
“El presidente de la nación prometió hacer un ajuste que pagaría lo que él denomina «casta política», y que los trabajadores recibiríamos los beneficios de ese recorte”, señala el comunicado al inicio. Y añade: “Pero su primer acto de gobierno es un Decreto de Necesidad y Urgencia que, entre otras muchas medidas arbitrarias, anticonstitucionales y lesivas de un vasto número de derechos civiles, comerciales y sociales, introduce una feroz reforma laboral regresiva cuyo único objetivo es disciplinar a los trabajadores, cercenar la actividad sindical y solo privilegiar intereses empresariales”.
Para la central obrera, “no hay necesidad ni urgencia que demande subvertir el orden constitucional, arrogarse facultades legislativas, que no son de su competencia, y utilizar toda esa fuerza para arrasar con la legislación laboral”.
En tanto, resaltaron que “cualquier plan de Gobierno que exija modificación, derogación o creación de leyes debe, imprescindiblemente, pasar por el debate parlamentario”.
Milei busca limitar las acciones del Poder Legislativo
Las críticas hacia Milei crecieron en las últimas horas, luego de que el mandatario envió al Congreso nacional un proyecto de ley en el que suma las medidas que impuso mediante el DNU 70/2023, con el que pretende limitar el alcance y las acciones del Poder Legislativo, para permitir al Ejecutivo que sea el que tome decisiones.
«Delégase en el Poder Ejecutivo nacional las facultades comprendidas en la presente ley y en los términos del artículo 76 de la Constitución Nacional. Las normas que se dicten en el ejercicio de esta delegación serán permanentes, excepto cuando la naturaleza de la medida determine su carácter transitorio y así se lo disponga en forma expresa», indica el proyecto de la normativa.
De esta manera, Milei busca tener facultades para legislar, algo que la Constitución Nacional prohíbe expresamente en el artículo 76, que dice: «Se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca».
Según la propuesta del mandatario, en la que busca declarar al país en situación de emergencia, podría tener facultades legislativas hasta 2025 o más tiempo, si la normativa es prorrogada.
Al comienzo del texto, el Gobierno insta a declarar “la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta el 31 de diciembre de 2025”.
En ese sentido, la CGT había subrayado en su comunicado que “es el Parlamento quien debe debatir cada una de las iniciativas del Poder Ejecutivo, como lugar natural para el diálogo político entre los representantes de todos los sectores”. Y aclaró que: “Vivimos en una República de iguales, no somos un estado mesiánico ni una monarquía”.
¿Qué es la “ley ómnibus”?
Javier Milei envió al Congreso la “Ley ómnibus” -llamada así en comparación con los buses utilizados para el transporte de pasajeros-, un proyecto que contiene en sus 664 artículos en los que se modifican o eliminan otras normativas establecidas por ley.
De esta manera, con un solo proyecto escrito en más de 350 páginas, el Gobierno pretende llevar adelante muchas de las reformas prometidas durante la campaña.
La normativa, denominada “Ley de Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos”, implica una amplia reforma electoral, cambios impositivos, un blanqueo y más límites a las marchas, entre otras iniciativas que no fueron parte del DNU anunciado el 20 de diciembre, debido a que las temáticas que toca no pueden pasar por fuera del Congreso.
Desde la oficina del presidente Javier Milei aseguraron en una publicación de X (antes Twitter) que con la medida se promueven “reformas en nombre de la Revolución de Mayo de 1810 y en defensa de la vida, la libertad y la propiedad de los argentinos».
Más de 40 empresas estatales podrían ser privatizadas
En este macroproyecto de ley, la actual gestión buscará que el Estado deje de ser el dueño de unas 41 empresas públicas que prestan servicios como transporte, comunicaciones, energía, correos y envíos postales, entre otras actividades.
Sin embargo, desde el Gobierno aseguraron que si bien todas las empresas públicas nacionales están sujetas a privatización, no significa que esto ocurra.
«Que las empresas estén sujetas a privatización no implica que se vayan a privatizar. Hay empresas que deben sanearse, pero serían imposibles de privatizar», puntualizó el vocero de la presidencia, Manuel Adorni, en la conferencia de prensa celebrada este jueves en la Casa Rosada, sede presidencial.
El Banco de la Nación Argentina y Aerolíneas Argentinas son algunas de las empresas íntegramente propiedad del Estado de las que el Gobierno pretende desprenderse.
En el caso de la línea aérea, el presidente Milei había manifestado en reiteradas oportunidades su interés en entregarle la titularidad a los trabajadores.
Muy distinto es el caso de la petrolera YPF, una de las principales empresas del país, que tiene el estatus de sociedad anónima y en la que el Estado argentino y las provincias productoras de hidrocarburos poseen el 51% de las acciones. El 49% restante cotiza en la Bolsa de Buenos Aires.
Farmacéuticos no venderán medicamentos en señal de protesta
La Confederación Farmacéutica Argentina (CoFA), anunció que este viernes 29 de diciembre los comercios expendedores de medicamentos nucleados en la organización cerrarán sus puertas al mediodía con el objetivo de protestar contra los cambios propuestos por Milei y para presentar un amparo judicial.
La medida es “en defensa” de la profesión de los farmacéuticos y “de la salud pública”, que según denunciaron, se ven afectados por las medidas.
Desde la organización, denunciaron que con el paquete de medidas «se habilita la venta de medicamentos de venta libre en la vía pública, los kioscos, y cualquier otro comercio» algo que “abre nuevamente la puerta en la Argentina a la circulación de medicamentos falsos y adulterados”.
«La farmacia argentina es un ejemplo de eficacia sanitaria para el mundo y este DNU pretende convertirla en un mero comercio, al servicio de la voracidad económica de unos pocos, y que el medicamento deje de ser un bien social para pasar a ser un objeto de consumo, al que algunos argentinos puedan acceder y otros no», señalaron desde la organización.
EFE/
