Miguel Enrique Villavicencio.- El doctor Rafael Narváez, exparlamentario y abogado defensor en materia de Derechos Humanos y Civiles en el país, criticó que el sistema de justicia aún se siga mostrando indiferente ante los crímenes de desaparición forzada de personas, así como también frente a las acciones violentas y los delitos de odio de la llamada «Furia Bolivariana».
Comenta que las acciones violentas de grupos afectos al gobierno, cuyos miembros destilan su odio en contra de unos ciudadanos en ejercicio de sus derechos políticos, es una clara y flagrante violación a los derechos humanos.
-Es intolerable la indiferencia, sumisión y silencio cómplice del Defensor del Pueblo ante el crimen de desaparición forzada de personas que ejecutó el sistema de justicia en contra de Luis Camacaro, Guillermo López y Juan Freites, todos ellos dirigentes políticos de la organización Vente Venezuela, cuestiona Narváez.
Continuó diciendo que estos dirigentes fueron víctimas de detenciones arbitrarias el pasado mes de enero por parte de los organismos de seguridad del régimen de Nicolás Maduro, y hasta esta fecha se desconoce el lugar donde se encuentran detenidos.
El jurista fustigó la violencia desatada por el plan llamado «Furia Bolivariana», pues sostiene que estos grupos revolucionarios continúan marcando las casas y amenazando a los dirigentes políticos opositores.
Narváez repudió los hechos violentos que se registraron en días pasados en Charallave, donde las hordas chavistas arremetieron contra varias personas que estaban a la espera de la candidata presidencial María Corina Machado.
-Estos grupos afectos al régimen de Nicolás Maduro hirieron a golpes a varias personas. Lo más grave de todo es precisamente la inacción del sistema de justicia ante estos crímenes violentos, sostuvo.
Igualmente con los casos de desaparición forzada de personas, ya que ni siquiera se han dado a la tarea de iniciar una investigación penal en contra de los responsables que ejecutan estos delitos, dijo el experto.
A su juicio, la llamada «furia bolivariana se viene convirtiendo en el verdugo de los derechos humanos y aliado de la impunidad».
Por otra parte, Narváez le exigió al TSJ poner orden en la justicia penal que le sigue negando a los familiares, la información sobre los lugares de reclusión de los dirigentes de Vente Venezuela.
-No conforme con eso, la defensa privada a estas alturas del tiempo no ha podido tener acceso a los expedientes, vulnerando una vez más el debido proceso establecido en el artículo 49 de la Constitución nacional, concluyó el abogado.
