Caracas.- Manuel Isidro Molina, presidente del Movimiento Popular Alternativo (MPA) advirtió este jueves que insistirán en la solicitud de posposición de la elección presidencial del 28 de julio al 24 de noviembre presentada ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) por las organizaciones que conforman el Encuentro Popular Alternativo (EPA) con el objeto de “establecer un cronograma electoral profesional, técnicamente viable, políticamente amplio y respetuoso de las pautas constitucionales y legales”.
Explicó que la modificación de la fecha de la elección presidencial al último domingo de noviembre es factible y está dentro de las pautas constitucionales, lo que a su juicio permitiría retomar un curso “confiable, normal, convocante para la alta participación y así elegir al próximo presidente o presidenta de la República”.
“La toma de posesión del próximo presidente de la República será como lo establece la Constitución, el 10 de enero de 2025, de manera que del 24 de noviembre al 10 de enero, hay suficiente tiempo para además garantizar una transición institucional sin alteraciones, en paz y respetando la Constitución y las leyes vigentes”, recalcó.
Aseguró que hacen este planteamiento en razón del “Apartheid electoral” que aplicó el gobierno durante el proceso de inscripción de candidaturas presidenciales, algo que subrayó, sería rechazado por la mayoría de los venezolanos. “El gobierno está mostrando su costura de intolerancia y de atropellador, de abusador del poder, decidiendo quién participa y quien no, lo que convierte este proceso electoral en unas elecciones a la carta de los comensales de Miraflores”.
Recordó que a esta situación, se le suma la judicialización de partidos políticos, inclusive, partidos que forman parte del Gran Polo Patriótico que respalda al gobierno, además de “partidos de oposición y otros reconocidos por ser fuerzas transformadoras como el Partido Comunista de Venezuela o Patria Para Todos, los cuales han sido arrebatados por Maduro a través de sentencias judiciales temporales, convirtiéndose en víctimas de medidas cautelares que se hacen eternas”.
Denunció que existiría una incapacidad por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) para garantizarle al país unas elecciones técnicamente eficientes y confiables cuando esta instancia “ha violentado su propio cronograma, que por cierto, no es oficial aún porque no lo han publicado en la Gaceta electoral y que he llamado cronograma plastilina porque lo estiran, lo encogen y lo amplían a gusto de su directorio que simplemente obedece órdenes de Miraflores, del PSUV, de Diosdado Cabello o Jorge Rodríguez”.
“Las elecciones del 28 de julio de 2024 están en riesgo y no debemos correrlo porque su fracaso traumático, generaría consecuencias muy negativas que nadie quiere en Venezuela”, puntualizó.
Anunció que aunque el gobierno haga oídos sordos, desde el MPA están analizando jurídicamente la viabilidad de solicitar un amparo ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia a fin de que se protejan los intereses del pueblo venezolano en materia de participación política, derecho a la elección y “ordene al Consejo Nacional Electoral la posposición de la elección presidencial”.
Juan José Ojeda Díaz / Prensa de Solidaridad