Miguel Enrique Villavicencio.- «Definitivamente el sistema de justicia en Venezuela está al margen de la Constitución nacional, puesto que no sólo está alejado de la imparcialidad e independencia, sino que además niega la defensa privada y la visita de familiares a los presos políticos
De esta manera lo expresó el doctor Rafael Narváez, exparlamentario y abogado defensor en materia de Derechos Humanos y Civiles en el país, quien le exigió al Poder Judicial respetar y garantizar el debido proceso a los dirigentes políticos que han sido detenidos en forma arbitraria, pues afirma que hoy existen casos donde no se les permite que sus abogados privados puedan ser juramentados para ejercer la defensa con acceso al expediente.
-Tampoco les permiten a los presos políticos gozar de su derecho más sagrado como lo es la visita de sus familiares – dijo Narváez, quien se refirió puntualmente a los casos de Henry Alviarez y Dinora Hernández, ambos dirigentes de Vente Venezuela que tienen más de 50 días privados de libertad de manera arbitraria.
El abogado penalista denunció que las audiencias se realizan a escondidas habilitando a un tribunal en el mismo sitio de detención y con la presencia de un defensor público, desplazando de plano a la defensa privada de los presos políticos.
-Todo el proceso del preso político continúa con un resultado de antemano cantado llamado privación de libertad. Sin lugar a dudas estamos en presencia de un sistema sometido a una camisa de fuerza y con una disciplina partidista por parte de un régimen, el cual no les permite que puedan ejercer con imparcialidad sus atribuciones y competencias en favor de una justicia justa como lo establecen nuestras leyes – manifestó.
Narváez opina que el régimen de Nicolás Maduro sigue siendo el responsable de todos los privados de libertad, y que además está obligado a preservar sus vidas tal y como lo establece el artículo 43 de la carta magna.
-El sistema de justicia está obligado a garantizar y respetar el derecho a la defensa y la presunción de inocencia del detenido hasta que se demuestre lo contrario, permitiendo que se cumplan sin ningún tipo de trabas las garantías procesales y derechos humanos», concluyó diciendo.
