Miguel Enrique Villavicencio.- A juicio del doctor Rafael Narváez, exparlamentario y abogado defensor en materia de Derechos Humanos y Civiles en el país, los traslados clandestinos de detenidos con prohibición de visitas de familiares son actos totalmente inhumanos y repudiables.
En este mismo sentido, agregó que el Defensor del Pueblo es responsable por omisión de estas detenciones arbitrarias y de las violaciones al debido proceso.
Narváez volvió a cuestionar al Defensor del Pueblo por su ausencia con silencio cómplice, y también por abandono de las víctimas de violaciones graves a los DDHH en las actuaciones represivas y sin límites por parte de los organismos de seguridad del régimen.
Resalta que en este país el Gobierno sigue ejecutando detenciones arbitrarias, allanamientos sin orden judicial y encarcelamiento en contra de los ciudadanos que, haciendo uso de la soberania popular, ejercieron su derecho político a través del voto en las pasadas elecciones presidenciales del 28 de julio, y que además ahora exigen al CNE respete el verdadero resultado.
-Esta conducta de estos organismos es completamente reprochable, siendo avalada por un sistema de justicia penal que derogó de hecho el artículo 49 de nuestra Constitución y el debido proceso al imponer jueces sin rostros acompañados de defensores públicos, desplazando la defensa privada, dijo.
«A eso hay que sumarle algo muy grave como es la violación total de la presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario», agregó.
-De igual manera, la inexistencia de los derechos del imputado como lo establece el Código Orgánico Procesal Penal en su artículo 125, información a sus familiares de su detención, saber de los hechos y su asistencia jurídica – recalcó.
Opina Narváez que el Defensor del Pueblo aún no se da por informado sobre hechos que han sido públicos, notorios y comunicacionales, como las 2 mil 500 detenciones arbitrarias y los 24 fallecidos durante las protestas postelectoral del 29 de julio 2024.
Para concluir, insistió en el retorno de la autónoma e independencia de los poderes públicos, pues considera que la paz no se construye con violaciones graves a los derechos humanos y una justicia impregnada de parcialidad política.
