Especial. – La organización no gubernamental Formación para la Dirigencia Sindical (FORDISI) denunció este lunes la intensificación de una práctica administrativa que afecta gravemente al sistema educativo venezolano: la suspensión arbitraria de salarios a docentes, personal administrativo y obrero por parte del Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE), bajo la gestión del abogado Héctor Rodríguez.
FORDISI advirtió que estas violaciones a los derechos laborales no solo vulneran a los trabajadores del sector, sino que también impactan negativamente a más de cinco millones de niñas, niños y adolescentes que dependen del funcionamiento pleno de las instituciones educativas en todo el país.
Desde octubre del año escolar 2024-2025, se han registrado más de cuarenta mil casos, en los que maestros activos han sido despedidos. Las víctimas son en su mayoría madres y padres de familia, personal con reposo médico, incapacidad, fuero maternal, fuero sindical o reincorporación postnatal.
Según Gricelda Sánchez, presidenta de FORDISI, hay docentes que han sido suspendidos hasta en cuatro ocasiones durante el actual año escolar, sin que en ninguno de los casos exista un expediente administrativo que justifique la medida.
Esto, señaló, constituye una violación flagrante del debido proceso y del derecho a la defensa. “Es totalmente inadmisible que primero se suspenda el salario y después se intente averiguar qué pasó”, expresó Sánchez.
“Están procesando listados como si se tratara de datos fríos, sin considerar el contexto humano, lo cual es absolutamente inaceptable”, denunció Gricelda Sánchez, presidente de FORDISI.
La organización estima que más de 8.000 docentes fueron afectados por una nueva oleada de suspensiones masivas procesadas en la quincena del 10 de junio de 2025, justo antes del inicio del receso escolar.
FORDISI alertó además que, de mantenerse esta situación, miles de maestros podrían quedar sin el pago del bono vacacional, lo que agravaría aún más su ya precaria situación económica.
A pesar de las múltiples denuncias públicas y solicitudes de restitución, las autoridades del MPPE continúan en silencio, mientras la situación del gremio docente se deteriora aceleradamente.
La dirigente sindical explicó que la suspensión arbitraria de salarios docentes vulnera el principio constitucional de presunción de inocencia. Además, se viola garantías básicas establecidas tanto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela como en la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT).
*¿Por qué hay escuelas con el 100% del personal suspendido?
Sánchez alertó que hay instituciones educativas completas, donde el 100 % del personal docente ha sido suspendido. Esto ha dejado sin clases a miles de estudiantes. La líder del sector también denunció la contradicción entre esta política y los discursos oficiales sobre estabilidad laboral y reingreso de jubilados. “En lugar de estabilizar al personal, lo están castigando con mecanismos ilegales que destruyen la calidad educativa y el bienestar de las familias”.
La organización recordó que la suspensión arbitraria de salarios a trabajadores del sector educativo contradice compromisos internacionales suscritos por el Estado venezolano, como los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, instrumentos que garantizan el derecho al salario, a la estabilidad laboral y al debido proceso.
En este contexto, la presidenta de FORDISI, Gricelda Sánchez, hizo un llamado urgente a la OIT y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que investiguen esta política sistemática, la declaren incompatible con el derecho internacional y exijan al Estado venezolano la reparación integral a las víctimas. “No puede haber impunidad frente a la destrucción planificada del sistema educativo nacional”, sentenció.
Sánchez también advirtió que, si el MPPE no reincorpora a los docentes suspendidos antes del mes de julio, miles podrían quedar excluidos del pago del bono vacacional, lo cual profundizaría su ya crítica situación económica.
*Silencio oficial y ausencia de mecanismos de restitución
Hasta la fecha, el Ministro Héctor Rodríguez no ha ofrecido declaraciones públicas, ni ha respondido a las solicitudes de reunión formuladas formalmente por el gremio docente. Tampoco existe un mecanismo de apelación claro ni una vía expedita para la restitución de salarios suspendidos, lo que agrava la incertidumbre laboral.
Esta situación ha generado creciente inquietud entre los trabajadores del sector, ante la posibilidad de que se trate de una política de austeridad encubierta, supuestamente destinada a paliar un déficit presupuestario del Ministerio de Educación. La hipótesis resulta contradictoria, señaló FORDISI, si se consideran los recientes gastos en vehículos oficiales, eventos públicos costosos y otras erogaciones consideradas superfluas.
*Exigen frenar la violencia institucional contra el magisterio
FORDISI exigió al ministro Héctor Rodríguez asumir responsabilidad directa por esta política de despidos y suspensiones masivas, y detener de inmediato lo que califican como una forma de violencia institucional sistemática contra el magisterio venezolano.
