Joel Enrique Silva Silva* /
Cierto que la materia del rol de la asociación de naciones para empujar la transición en Venezuela se examina en la generalidad de los estudios sobre avances de la democracia, esta entrega de Editorial Perfil despliega de forma escrupulosa tres demandas cardinales, tales como, la Misión de Determinación de los hechos de la ONU, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y la Corte Penal Internacional. Los componentes argumentan en referencia a la des-internacionalización y la des-interamericanización equivalente a una potencial re-internacionalización y re-interamericanización.
En exclusiva, los componentes imaginan interpelaciones a modo por ejemplo: ¿Cuál ha sido el patrón de dispositivos supranacionales en los expedientes de quebrantamientos a los derechos humanos (DDHH)? ¿Qué retos y buenas prácticas se equiparan y la tarea de esos dispositivos para poder componer métodos de transformación con madura certeza? ¿Cómo aportar adicionalidad entre los colofones de la justicia transicional y las pautas de DDHH de regímenes supranacionales y las de la Corte Penal Internacional (CPI)? ¿Cuáles son las potenciales resistencias que se van a tener que pilotar y cuáles serían las viables salidas?
Para fundamentar e indagar ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones injustas, hechos de tortura y tratos crueles, atroces, o indignos, que sucedidos en Venezuela y denunciados desde 2014, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU creó la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU en 2019. Habiendo como designio advertir el ecosistema del encargo de la Misión y la carga de que ha dispuesto gestiones y recomendaciones para un pertinente y necesario transcurso transicional en Venezuela, tal como lo describe Marta Valiñas (presidenta de la Misión) en el trabajo que titula en uno de los capítulos de su trabajo “Hallazgos de la misión de determinación de los Hechos de la ONU y retos que sugieren en materia transicional”, disponible en: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.mpil.de/files/pdf6/m-v1.pdf.
Dice la autora, no obstante la precaria aportación de información de las autoridades del gobierno de Venezuela y la complicación que provoca la dificultad de que la Misión visitara la República, se “ha tenido acceso a mucha información procedente del país, tanto testimonial como documental”, verbigracias a las ventajas científicas y uso aprovechable y eficaz de los recursos de la Inteligencia Artificial (IA). Pero la Misión no es un dispositivo de justicia transicional cotidiano, más bien un componente de expedientes de irrefutables quebrantamientos a los DDHH, la Misión ha aportado “insumos importantes para otros procesos de verdad y rendición de cuentas, incluso aquellos que puedan tener lugar en la CPI”. El aporte de la Misión habrá de significar valioso considerado para los dispositivos transicionales en Venezuela.
Mariela Morales Antoniazzi, Alina Ripplinger y Nicolás Buitrago en el Capítulo dirigido “Hacia una re-interamericanización para Venezuela: una aproximación regional a la justicia transicional” https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=10314840, tienen en avance la reincorporación de Venezuela al Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), con afán a las garantías de no-repetición (GNR) falladas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) a manera de bitácora que provea a las mutaciones distributivas y la transición a la eficaz democracia.
Levante en transcurso que no es rectilíneo, se exteriorizaría en la utilidad de facto de la separación de poderes, primordialmente con la recuperación del Poder Judicial y del Poder Legislativo conforme los esquemas interamericanos, añadido a la admisión de políticas públicas y un concurso académico-jurídico que descubra un perdurable intercambio y coloquio de la altura nacional y la interamericana, circunscribiendo a los esquemas estables internacionales.
Los autores ordenan las GNR como reseña técnica intercalada para una transición a la democracia en el marco de un Ius Constitutionale Commune (Derecho Internacional Común) en América Latina (ICCAL) es un enfoque jurídico y constitucional de Derecho Público que busca transformar la realidad social y política de la región. Se articula mediante la interacción de las constituciones nacionales, el Derecho Internacional de los DDHH y tribunales supranacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la vista de la circulación de un foco imperceptible de normas democráticas y de DDHH ajustables al Estado venezolano.
Últimamente, Michael Reed contribuye en este tratado (Up Supra) con un Capítulo a “La Corte Penal Internacional en Venezuela: de la ilusión a una ruta práctica orientada a maximizar su impacto en la búsqueda de justicia”, proponiendo un regado de verdad y erigiendo un cimiento en tierra con las contingencias y restricciones que tiene la Corte Penal Internacional (CPI) para combatir contra la arbitrariedad en Venezuela. Reed enfatiza que la justicia comienza por casa, por el papel que haga la justicia venezolana, ya que la CPI fue construida bajo el principio de complementariedad. Para Reed, la iniciación de la etapa de investigación forjada por Karim Khan, Fiscal de la CPI, ambiciona emplear el principio de complementariedad en la fase de investigación, liando peligros, como coyunturas para la justicia.
El memorando de entendimiento entre el Fiscal y el Estado, el designio es formar rutas de concurrencia a fin de que Venezuela ocupe su compromiso de administrar justicia conforme lo ordenado por el Estatuto de Roma y permanece sin duda en que la averiguación no inevitablemente se convertirá en la judicialización de casos concretos. Se impulsa a que se instauren los dispositivos de participación positiva de víctimas y conjuntos de la sociedad civil.
*Abogado y Lic. Comunicación Social (Periodista) joelsilva16@gmail.com
