ESPECIAL.- Elvis Macuare Guerrero, quien se desempeñaba como director del Internado Judicial de Barinas (INJUBA), fue denunciado por presuntos tratos crueles, inhumanos y degradantes contra personas privadas de libertad, señalamientos que detonaron una protesta de los reclusos en mayo de este año y derivaron en su destitución.
Sin embargo, lejos de conocerse una investigación sobre su actuación, el funcionario, quien perteneció a la extinta Policía Metropolitana, ahora ocupa la subdirección del Centro Penitenciario Fénix Lara, donde nuevamente es señalado por presuntos maltratos contra la población reclusa.
Según denunciaron algunos reclusos de Fénix Lara, Macuare llegó, a su juicio, “más malvado que nunca”. Aseguran que desde su llegada impone castigos de manera constante, que van desde la suspensión de las visitas familiares hasta períodos prolongados de aislamiento.
Los señalamientos recibidos por el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) son aún más graves. Privados de libertad aseguran que algunos reclusos han sido objeto de torturas, que les han aplicado corriente eléctrica en los pies y que han sido brutalmente golpeados. Según sus testimonios, algunos no han soportado las agresiones y han llegado a desmayarse durante las golpizas.
“Nos preocupa porque hemos visto cómo en este penal han aumentado las cifras de fallecidos. Ellos dicen que por enfermedad, pero sabemos que al menos dos de esos muertos han sido víctimas de golpizas que ha ordenado Macuare y por eso murieron”, aseguró un familiar al OVP.
Ahora bien, Macuare tampoco es un desconocido en Fénix Lara. Anteriormente había ejercido como subdirector de ese mismo establecimiento junto a Héctor Maraima, quien continúa como director del penal y también ha sido denunciado en reiteradas oportunidades. Incluso, desde el OVP por supuestas torturas contra personas privadas de libertad y la existencia de una presunta red de corrupción en Fénix Lara.
Actualmente, según las denuncias recibidas, Macuare estaría valiéndose nuevamente de su cargo como subdirector para maltratar a los privados de libertad, bajo la mirada de Héctor Maraima, quien continúa dirigiendo el establecimiento.
“El Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo están al tanto de la situación y no han hecho nada. Nos preocupa lo que pueda pasar dentro de Fénix”, advirtieron familiares al OVP.
La advertencia no puede ser ignorada. Si el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo conocen estas denuncias, les corresponde actuar antes de que se produzcan nuevas violaciones de derechos humanos y no cuando sus consecuencias sean irreversibles, porque de lo contrario se hacen cómplices por acción u omisión.
Una vez más, el Ministerio para el Servicio Penitenciario ignora las denuncias de los privados de libertad y sus familiares. Se trata de señalamientos sobre torturas, golpizas, castigos y posibles muertes que deben ser investigados a fondo, no resueltos mediante simples movimientos administrativos de funcionarios.
Durante años, desde el OVP hemos denunciado precisamente esta práctica de reciclaje de funcionarios dentro del sistema penitenciario. Cuando son denunciados, simplemente son trasladados a otros establecimientos sin que se ataque el problema de raíz ni se conozcan investigaciones capaces de establecer responsabilidades.
Es por ello que solicitamos una intervención urgente del Ministerio del para el Servicio Penitenciario, así como la revisión de los directores y subdirectores que administran los establecimientos penitenciarios, personal administrativo, técnicos profesionales y de seguridad, pues muchos de ellos no cuentan con la preparación requerida para la conducción de una cárcel y, mucho menos, para ejercer autoridad sobre personas privadas de libertad bajo estándares de respeto a los derechos humanos.
Además el Sistema Universal e Interamericano de DDHH han expresado: que ni militares, ni policías están formados para el Servicio Penitenciario sino para la guerra y la represión.
El problema penitenciario no son las cárceles, ni los presos, sino los funcionarios que no están formados para brindar el servicio integral a los privados de libertad
Ya basta de la política de reciclaje de funcionarios que forman parte de un sistema atravesado por denuncias de corrupción y violaciones de derechos humanos. Cambiarlos de establecimiento no investiga los hechos, no sanciona a los responsables y no protege a las posibles víctimas.
Al Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo les exigimos que abandonen la inacción y asuman de una vez por todas las competencias que les corresponden como instituciones responsables de investigar, proteger y garantizar los derechos de las personas privadas de libertad.
Conocer denuncias de esta gravedad y permitir que todo continúe igual solo contribuye a perpetuar la impunidad.
¡Habrá justicia!
/Prensa Observatorio Venezolano de Prisiones
