Froilán Sánchez /
La esperanza que surgió, después del 3 de enero de este año, tras la captura de Nicolás Maduro, parecía anunciar el comienzo de una nueva etapa, para millones de venezolanos. La caída del régimen debía significar algo más que un cambio de escenario, debía traducirse en la liberación de los presos políticos, el restablecimiento del Estado de derecho y la convocatoria de elecciones presidenciales libres, democráticas y con garantías de transparencia.
Pero el gobierno estadounidense, en lugar de marcar una ruptura clara con quienes durante años fueron señalados desde Washington por su participación en estructuras criminales, de terrorismo y de narcotráfico, la política estadounidense parece haberse inclinado hacia la negociación y los acuerdos con sectores vinculados a la estructura delincuencial que lideró Maduro y que heredó Delcy Rodríguez. Para una sociedad que ha soportado años de persecución, deterioro institucional, pobreza y exilio, esa decisión resulta difícil de comprender y todavía más difícil de aceptar.
La distancia entre las decisiones tomadas desde Washington y las expectativas de amplios sectores de la población venezolana parece hacerse cada vez mayor. El malestar se expresa en las calles, en los gremios, en los sindicatos, entre los familiares de los presos políticos y en una ciudadanía golpeada por una economía que continúa haciendo cada vez más difícil la vida cotidiana.
El mensaje que interpretan muchos venezolanos es inquietante: quienes fueron señalados como responsables de la tragedia nacional podrían terminar siendo, nuevamente, interlocutores indispensables para decidir el futuro del país, en una mesa de negociación, dónde las partes que la conforman, no gozan del respaldo popular.
En medio de esta incertidumbre, el liderazgo de María Corina Machado es el principal referente de cambio político de la sociedad venezolana y la legitimidad no puede ignorarse, porque podría conllevar a una crisis de confianza y cuando una sociedad deja de confiar en quienes dicen estar negociando en su nombre, cualquier acuerdo corre el riesgo de nacer condenado a la ilegitimidad política.
Mientras los venezolanos continúan esperando que se materialice el anunciado plan de tres fases atribuido a Marco Rubio, una pregunta resulta inevitable: ¿dónde está la transición?
Si el objetivo realmente es construir una democracia, el punto de partida debería ser inequívoco: la voluntad popular expresada mediante elecciones presidenciales libres, verificables y con garantías para todos. Cómo lo ha expresado María Corina, en reiteradas ocasiones, Venezuela no necesita otra fórmula de reparto del poder, necesita recuperar la soberanía ciudadana y esa recuperación no puede depender exclusivamente de acuerdos entre élites políticas, ni de decisiones tomadas fuera del país, ni de negociaciones cuyos términos la mayoría desconoce.
Venezuela no necesita que otros decidan su futuro, necesita recuperar la capacidad de decidir su propio destino. La transición democrática comenzará realmente el día en que la voluntad de los venezolanos deje de ser un elemento secundario en las negociaciones y cuando el voto, vuelva a ocupar el lugar que le corresponde, como fuente de legitimidad, en que todo gobierno democrático se sustenta.
