ALDO ROJAS PADILLA /
Hay principios que resultan impecables cuando se pronuncian ante un auditorio internacional, pero cuya credibilidad depende de la conducta de quienes los defienden. El pasado 12 de octubre, en Roma, Delcy Rodríguez afirmó ante la FAO que los alimentos no deben utilizarse como instrumentos de presión o confrontación política. Una declaración difícil de cuestionar en sí misma. Lo que merece examinarse es el contexto del que procede esa afirmación y la historia política que inevitablemente evoca en Venezuela.
Rodríguez pertenece al núcleo del sistema de poder que ha gobernado el país durante años, no a sus márgenes. Por eso, sus palabras remiten de inmediato a los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), creados en medio de una profunda crisis económica, cuando millones de venezolanos vieron desplomarse su capacidad para adquirir alimentos. Las bolsas de comida se presentaron como una respuesta a la escasez, pero sus entregas irregulares, las cantidades insuficientes para cubrir las necesidades alimentarias de los hogares y los cuestionamientos sobre la calidad de algunos productos distaban de garantizar una verdadera seguridad alimentaria. El programa también estuvo rodeado de denuncias sobre discriminación política, presiones electorales y utilización partidista de la asistencia pública.
Distribuir alimentos a quienes los necesitan es una obligación de cualquier Estado, y proteger a los ciudadanos más vulnerables no admite discusión. La dificultad surge cuando una necesidad elemental queda atrapada en una estructura de dependencia y el acceso a la ayuda se percibe como una concesión del poder, antes que como parte de un derecho. En esas circunstancias, la pobreza es administrada políticamente hasta convertirse en una forma de dominación.
Es un mecanismo eficaz que produce efectos perversos: quien teme perder la ayuda que apenas alcanza para alimentar a su familia puede terminar condicionado en sus decisiones, incluso sin compartir las ideas de quienes administran esa asistencia. No hace falta que cada bolsa de comida lleve una amenaza explícita. Basta con que la población sienta que su supervivencia depende de mantener una relación favorable con quienes controlan la distribución. La necesidad puede producir una obediencia que ninguna convicción ideológica habría conseguido por sí sola.
Ahora bien, reconocer el deber del Estado de asistir a los sectores más vulnerables no significa convertir los programas de distribución de alimentos en el modelo ideal de política social. La asistencia puede ser necesaria y legítima, pero el deber ser de una sociedad no es que sus ciudadanos dependan indefinidamente de una bolsa de comida administrada por el Estado. El verdadero horizonte debe ser una economía robusta, con una producción agroalimentaria sólida, empleos productivos e ingresos suficientes para que cada familia pueda cubrir sus necesidades básicas y adquirir los alimentos que desee, cuando los necesite, sin depender de la voluntad de ningún funcionario.
La diferencia es fundamental: una cosa es asistir a quien atraviesa una situación de necesidad y otra, muy distinta, construir una sociedad en la que esa necesidad se vuelva permanente y la ayuda pública termine ocupando el lugar de la autonomía económica. La prosperidad exige superar la escasez, no limitarse a administrarla mejor. Los programas sociales deben responder a necesidades reales, sin convertirse en sustitutos de una economía capaz de garantizar bienestar y oportunidades.
La seguridad alimentaria exige políticas públicas sostenidas, estadísticas verificables y condiciones que permitan evaluar si la población está realmente bien alimentada. También requiere una producción nacional capaz de abastecer el mercado, disponibilidad de alimentos de calidad y mecanismos eficaces para atender las situaciones de emergencia. Las promesas formuladas ante un organismo internacional solo adquieren valor cuando se traducen en resultados concretos y comprobables en la vida de los ciudadanos.
Delcy Rodríguez ha defendido en Roma un principio que Venezuela necesita. Pero ese principio exige coherencia, y la coherencia comienza por reconocer que el hambre no puede ser una ventaja política para ningún gobierno. La alimentación es un derecho que ningún gobierno puede cobrar con obediencia, y la asistencia social es una obligación del Estado que jamás debería servir para perpetuar la dependencia.
Porque cuando un ciudadano tiene que preocuparse por las consecuencias políticas de recibir o perder la comida de sus hijos, el problema ya no es únicamente el hambre. Es también el poder que se ejerce sobre quien tiene hambre.
