ALDO ROJAS PADILLA /
Venezuela necesita recuperar su sistema eléctrico. La recuperación de esa infraestructura es indispensable para cualquier intento serio de reconstrucción nacional.
Por eso, la participación de GE Vernova en los planes para recuperar parte de la capacidad eléctrica del país constituye un asunto de interés público. No estamos ante una operación comercial menor, sino ante acuerdos que pueden tener consecuencias sobre la industria petrolera, el suministro eléctrico nacional y las finanzas públicas.
Precisamente por esa importancia, hay preguntas que el país necesita responder. No se trata de cuestionar por principio la participación de la empresa estadounidense ni de desconocer la urgencia de sus servicios. Se trata de saber qué se acordó, cuánto costará y quién asumirá la factura.
De los anuncios a los compromisos concretos
Antes de la firma del memorando de entendimiento de junio de 2026, GE Vernova realizó una evaluación técnica del sistema eléctrico venezolano durante seis semanas. El trabajo incluyó instalaciones de generación hidroeléctrica y termoeléctrica. Sin embargo, el diagnóstico completo no se ha divulgado públicamente.
El 15 de junio, durante la firma del memorando, Roger Martella, ejecutivo de GE Vernova, señaló que ya existía un acuerdo sobre los aspectos técnicos. Posteriormente, el 2 de septiembre, se anunciaron nuevos acuerdos con PDVSA y Corpoelec.
Los objetivos presentados son ambiciosos. El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, habló de estabilizar la red eléctrica venezolana en un plazo de seis a doce meses. La Casa Blanca, por su parte, informó de un plan para incorporar 1.000 megavatios durante los primeros 24 meses y otros 5.000 megavatios en los cuatro años siguientes.
Las declaraciones del director ejecutivo de GE Vernova, Scott Strazik, publicadas por Bloomberg el 28 de octubre, ayudan a entender la situación. La empresa había completado los trabajos de ingeniería y planificación y seleccionado a sus contratistas, pero todavía no había recibido órdenes para comenzar las reparaciones. Strazik también explicó que la compañía esperaba una primera inyección de capital y que Venezuela estaba reconstruyendo sus procedimientos para hacer negocios con empresas internacionales.
Aquí conviene dejar algo claro: una empresa privada no tiene la obligación de financiar indefinidamente a su contraparte ni de comenzar trabajos sin las condiciones económicas necesarias. Si GE Vernova exige que se asegure el pago antes de ejecutar las reparaciones, esa exigencia es normal en una relación comercial. No hay razón para reprochárselo.
La cuestión que corresponde examinar es otra: ¿cuáles son las condiciones de pago acordadas y de dónde saldrán los recursos?
Dos acuerdos, una misma exigencia de información
También es necesario distinguir los compromisos relacionados con PDVSA de los vinculados con Corpoelec.
La recuperación de instalaciones eléctricas necesarias para las operaciones petroleras tiene un alcance distinto del fortalecimiento del sistema eléctrico nacional. Aunque ambos proyectos se relacionan con la infraestructura energética, sus objetivos, beneficiarios, mecanismos de financiamiento y responsabilidades no tienen por qué ser idénticos.
Hasta ahora, la información divulgada no permite reconstruir con suficiente precisión las condiciones económicas de los acuerdos. No se conoce públicamente el monto total comprometido, la estructura de pagos, las garantías ni la distribución de las obligaciones financieras.
Tampoco basta con señalar que se firmó un memorando de entendimiento. Este instrumento puede establecer objetivos y líneas de cooperación sin contener necesariamente todas las obligaciones económicas de los contratos que después deban ejecutarse.
Según reportes, el inicio de los trabajos depende de la disponibilidad de capital y de la formalización de los contratos.
La transparencia también tiene una dimensión jurídica
La contratación de empresas extranjeras para ejecutar proyectos de esta importancia plantea interrogantes sobre los procedimientos utilizados y el cumplimiento de las normas aplicables.
El artículo 150 de la Constitución venezolana establece que determinados contratos de interés público con sociedades no domiciliadas en Venezuela deben someterse a la aprobación de la Asamblea Nacional, en los supuestos y condiciones previstos en la propia norma.
Esto no significa que pueda afirmarse automáticamente que los acuerdos con GE Vernova incumplen esa disposición. Para llegar a semejante conclusión sería necesario conocer la naturaleza jurídica de cada instrumento, las partes que lo suscribieron y su encaje en los supuestos constitucionales.
Algo semejante ocurre con la modalidad de contratación. Cuando resulta aplicable la legislación venezolana de contrataciones públicas, la contratación directa está sujeta a los supuestos y requisitos establecidos por la ley. No basta con invocar su carácter excepcional: hay que determinar qué procedimiento se utilizó y cuál es su fundamento jurídico.
Los 25.000 millones de dólares y la pregunta sobre quién paga
La dimensión financiera del problema va mucho más allá de los acuerdos con GE Vernova.
Bloomberg ha recogido estimaciones de expertos que sitúan en al menos 25.000 millones de dólares las inversiones necesarias para recuperar el sector eléctrico venezolano. Esa cifra se refiere a las necesidades generales del sector, no al valor de los acuerdos con la empresa estadounidense, cuyas condiciones económicas no se han divulgado.
¿De dónde saldrá ese dinero? ¿Qué parte corresponderá al Estado, qué parte a las empresas involucradas y qué mecanismos de financiamiento se utilizarán? ¿Habrá endeudamiento? ¿Qué obligaciones asumirá PDVSA? ¿Cómo se financiarán las reparaciones destinadas al sistema eléctrico nacional?
No es posible responder a estas preguntas con la información disponible. Precisamente por eso deben formularse.
Si el financiamiento proviene de recursos públicos, los ciudadanos tienen derecho a conocer los compromisos que se adquieren en su nombre. Si intervienen mecanismos de deuda, también deben conocerse sus condiciones y consecuencias. Y si se establece otra estructura financiera, corresponde explicar quién asumirá los riesgos y cómo se recuperarán los recursos invertidos.
La transparencia no consiste en publicar un anuncio sobre la firma de un acuerdo. Consiste en permitir que el país conozca sus condiciones fundamentales y pueda evaluar sus consecuencias.
Recuperar el servicio sin empobrecer todavía más a la población
Existe otra dimensión que no debería quedar fuera de la discusión: el costo que tendrá mantener el sistema eléctrico una vez recuperado.
Los venezolanos necesitamos un servicio estable. Pero una parte importante de la población carece de capacidad económica para pagar una tarifa que refleje el costo real de la electricidad. Esa es una realidad que cualquier política de recuperación debe tomar en cuenta.
Reconocerla no significa defender el mantenimiento indefinido de subsidios generalizados. Un sistema financiado permanentemente mediante transferencias estatales que no guardan relación con sus costos puede convertirse en una carga fiscal difícil de sostener.
Pero la alternativa tampoco puede consistir en trasladar de inmediato el costo íntegro a hogares que no tienen cómo asumirlo.
La discusión requiere un modelo económicamente sostenible, con tarifas que respondan a los costos del servicio y mecanismos de protección dirigidos a quienes realmente no puedan pagarlas. La protección focalizada de los hogares vulnerables no es lo mismo que convertir el subsidio universal en una política permanente.
Hasta ahora no se ha explicado suficientemente qué esquema se contempla para cubrir esos costos ni qué consecuencias tendría para los usuarios. Tampoco puede afirmarse, sin conocer los acuerdos, que la inversión de GE Vernova vaya a recuperarse mediante aumentos tarifarios, deuda pública o pagos directos del Estado. Es precisamente esa información la que falta.
La urgencia eléctrica no elimina el problema económico. Lo hace más importante.
La reconstrucción necesita algo más que anuncios
La electricidad es una necesidad nacional, pero también un servicio cuya sostenibilidad requiere decisiones económicas que no pueden ocultarse detrás de anuncios oficiales.
Venezuela necesita que las reparaciones comiencen y que los objetivos anunciados se traduzcan en resultados. Para eso hacen falta capital, contratos ejecutables y capacidad de gestión. Pero también hace falta transparencia.
La pregunta no es si Venezuela necesita recuperar su sistema eléctrico. Eso está fuera de discusión. La pregunta es cuánto costará, quién asumirá ese costo y bajo qué condiciones se está comprometiendo el futuro financiero del país.
Aldo Rojas Padilla.
