Gremios de la producción y el comercio declarados en alerta: Proyecto de Ley de Sistemas Tributarios que discute el Clep es inconstitucional

Yaxmin González Jiménez

ACARIGUA.- Como “inconstitucional” fue calificado por la abogada tributarista, Mariela D´Lima, el proyecto de Ley de Sistemas Tributarios del estado Portuguesa propuesto por el Consejo Legislativo regional y que plantea la posibilidad de pechar la actividad agrícola, principal motor de la economía de la entidad.

D´Lima, acompañada por el presidente de Fedecámaras Portuguesa, Osman Quero y la presidenta de la Cámara de Comercio e Industria de Acarigua-Araure, Gioconda Rivas, encabezó un conversatorio –vía Zoom- junto a los abogados tributaristas, Leonardo Palacios y Daniel Betancourt para discernir sobre esta normativa legal que está en estudio por el parlamento regional.

Señaló que aparte de la inconstitucionalidad, esta Ley de Sistemas Tributarios –presentada para discusión ante el parlamento- invade la esfera competencial del Poder Nacional y resulta preocupante que se pretenda distorsionar la competencia asignada a los estados por la Constitución de la República.

La conferencia contó con una nutrida participación

“Se ha disfrazado mediante la liquidación de timbres fiscales una serie de tributos que competen a otros estratos del Poder Público, tanto nacional como municipal, tal es el caso de gravar con impuestos a la producción industrial, créditos otorgados por instituciones financieras y lo referente a las exportaciones, cosa que no hace ni siquiera el Gobierno Nacional dado que se trata de una política financiera que está destinada a atraer la inversión extranjera y a estomular el desarrollo y la exportación de los productos nacionales porque solo así podemos aumentar el Producto Interno Bruto” (PIB), dijo D´Lima.

Considera que esta creación de impuestos, en contra de la política nacional, no representa ningún incentivo para la economía regional y estimula la disminución de fuentes de empleo y la desinversión.

-En la Constitución de Portuguesa, promulgada en 2001, se declara un estado agrícola y pecuario, como una manera de proteger esa actividad porque de ello depende la seguridad agroalimentaria, sin embargo, vemos que está siendo criminalizada por un impuesto a la producción, además de que se dieron a la tarea de crear una llamada ficha predial conforme a la cual, semestralmente, debe hacer una renovación y un pago, que puede llegar hasta el equivalente a 45 dólares y, obviamente, que todo eso repercute negativamente en la producción y consumo de bienes y servicios, refirió.

Argumentó que no se requiere ser un genio de la economía para esperar que esta normativa generará un creciente desempleo y el éxodo de las empresas locales, toda vez que “en el caso de los emprendedores, que están siendo beneficiados, no solo con créditos, sino con exoneración de pagos de tasas de registro, nos encontramos en contraposición un proyecto de ley que grava toda esa actividad. Esta norma no solo va a afectar al comerciante sino al ciudadano de a pie ya que el empresario se va a ver obligado, al igual que los agricultores, a trasladar ese costo al consumidor final, vamos a vivir en una especie de principado donde todo es sumamente caro, esto es un Estado dentro de un Estado”.

-Debemos abocarnos a hacer que ese proyecto sea revisado, es necesario conocer  cuál es el presunto estudio económico que está aparejado a esta alza de alícuotas. Que alguien me explique cómo es que se pretende que el transporte de carga pesada deba cancelar timbres fiscales por cada guía de movilización, si el trayecto es dentro del estado se cancelarían 30 unidades tributarias, pero si es en otro lugar del país pueden llegar a 80 U.T. por guía y esto es algo que no hace el Gobierno Nacional. Según esa ley creen que todos somos multimillonarios, salvando la distancia, pareciera que viviéramos en Dubai, el detalle es que esa ley no se adapta ni a la realidad ni a los habitantes de Portuguesa, acotó D’Lima.

Capacidad contributiva

El presidente de Fedecámaras, Osman Quero, afirmó que este proyecto de ley no ha tomado en consideración la capacidad contributiva que tienen los ciudadanos, al igual que tampoco se tiene en cuenta que el sector viene arrastrando 26 trimestres de caída consecutiva y la pérdida del 85% del PIB.

“Todo el esfuerzo que estamos haciendo ahora mismo ha sido por la propia capacidad del sector privado en sí, no le debemos nada al Ejecutivo porque no ha hecho ninguna actividad a favor de la reactivación económica”, destacó Quero al tiempo que afirmó que el sector comercio e industria asumirá el análisis a profundidad de este proyecto a los fines de fijar posición y tomar las decisiones necesarias al respecto.

Entradas relacionadas