Primitivo Cedeño reculó. Fue por lana y salió trasquilado. El proyecto de Ley de Sistema Tributario de Portuguesa, inconstitucional desde su nombre, se quedó atascado por la protesta de los agricultores ante el ministro Castro Soteldo y el taller de la Cámara de Comercio e Industrias de Acarigua-Araure, que retumbó en Miraflores, desde donde le pegaron un solo grito.
A Edgar Silva se le debe haber fundido el cerebro y el cargo, que hasta parece que el cálculo del petro y de la abusiva unidad tributaria está errado, porque le deben haber endilgado la responsabilidad de este estrepitoso resbalón, que aunque el gobierno venía en peligrosa picada en su gestión, pone en evidencia la ambición desmedida de la pareja imperial, que sin conocer la trayectoria responsable y democrática, se empeñó en continuar la carrera del “hago lo que me da la gana” siendo jefe del PSUV y del gobierno. No se les olvide, que con la alcahuetería de la Contraloría General del Estado y del Consejo Legislativo, desde hace doce años, nunca se ha cerrado el ejercicio fiscal de cada período anual, siendo ello la punta del iceberg de una desastrosa administración, que por cierto, Gobernador, ha manejado recursos más de mil veces, de los que yo manejé con un petróleo a ocho dólares el barril, cuya caída la detuvo la OPEP a partir del 2000, que Chávez regaló irresponsablemente al mundo y produjo las súbitas e inmensas riquezas de su entorno familiar, político y militar.
Esto lo digo porque Cedeño en cualquier oportunidad que tiene, como en una asamblea de agricultores y en una reunión con los pacientes oncológicos, que yo sepa, ha mencionado que yo fui el último gobernador con recursos. Eso sí, los que teníamos iban para la gente, cumpliendo con nuestras obligaciones administrativas y con la palabra empeñada.
Pero no fue a eso que vine. Cuando les digo que “quien lo conozca, que lo compre” es porque esa fiera herida, puede devolverse con un proyecto que sólo peche a comercio y a agroindustria, como si eso no fuese a perjudicar al sector primario y en definitiva, al ciudadano de a pie. Y por otro, los gremios de abogados, economistas, contadores públicos, la Coalición Sindical y todos, debemos estar pendientes de la Ley de Timbres Fiscales, porque el autócrata y déspota, pudiera estar aplicando aumentos violando el vigente instrumento legal, a como nos tiene acostumbrado, desde que colocó a su esposa como presidenta del CLEP y a sus “exitosas” gestiones como Alcalde.
Como Alcalde de Araure, nunca publicó las ordenanzas que debieron aprobar los concejales, ante los desmedidos tributos que implementaron contra el sector comercio y la agroindustria, que ameritó una demanda. “Esa Alcaldía sin cumplir con las formalidades impuestas, en su activismo judicial, por el Tribunal Supremo de Justicia, modificaron las ordenanzas e incrementaron irracional y clandestinamente las alícuotas”. Las gestiones de cobro fueron y son a través de vías de hecho, amenazas de cierre y amedrentamiento, sin fundamento legal, que desconocen derechos humanos calificados por la Constitución como fundamentales. Y ahora se suman a las aberrantes prácticas de Miguelito Linares, concejal toñeco de la emperatriz, quien con funcionarios de Hacienda y efectivos de la Guardia Nacional, aquel sin ninguna competencia ni autoridad legal, registrando inventarios en agenditas, abandonando negocios sin pagar lo consumido y otros caprichitos.
Dada esa lamentable experiencia araureña hay que cuidarse de ese lobo, disfrazado de oveja, que mintió descaradamente cuando declaró que mientras él fuese gobernador no se le cobraría impuestos al sector primario de la producción, pero como se pudo demostrar y se sigue haciendo, en el proyecto de ley, ese monstruoso aparato tributario que pretendía sacarle del bolsillo a los portugueseños lo que hasta hace poco nos suministraba el petróleo, que por cada hectárea, suya o no, trabajada o no, deberían pagar 120 dólares anuales.
A Primitivo lo han derrotado la demagogia, el agua y como el ingeniero y geólogo Beltrán Márquez no le acuño el adjetivo de potable, “pues en Venezuela, ninguna empresa que presta este servicio lo hace en términos de potabilidad, de manera que existe un agravante: no llega y no es potable”, la electricidad, el deterioro cada vez más crecientes de calles y barrios, la salud, el mal trato contra los trabajadores y empleados de la Gobernación, su desmedido afán por la pantalla que no tiene ninguna conexión con la realidad. Pero con esta ley y la presión de productores, gremios y sectores políticos, salió con el rabo entre las piernas.
IVÁN COLMENARES
