ESPECIAL.- A través de una misiva dirigida al campesinado portugueseño y entregada a la redacción del Diario Última Hora, la Federación Campesina Bolivariana de Venezuela (FCV) denunció este 16 de noviembre que personeros gubernamentales quieren posesionarse de los bienes de la organización, «aupados» por la «cabeza» de la junta directiva «Ad Hoc» escogida para realizar un proceso electoral de sus organizaciones sindicales, Emma Ramona Ortega, y que ella, en lugar de cumplir con su responsabilidad, pretende administrar y modificar los estatutos del ente campesino, valiéndose se una sentencia de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en la que, por extralimitación de sus funciones y sin considerar a la dirección de la federación, se le faculta de poderes impropios y que trascienden a su cargo.
El mentado documento, firmado y entregado por el secretario de Productores Agropecuarios de la FCV, Luis Escobar, dice que «gente de comunas, colectivos y del Gran Polo Patriótico y la empresa de Vigilancia Corposervica» pretenden «adueñarse» de las posesiones de la organización tomando su sede y sus inmuebles con la aprobación de Ortega, y que ella y los demás miembros de la junta directiva Ad Hoc «lo que menos han hecho» en el tiempo que llevan en sus respectivos puestos es «conducir» las elecciones de las organizaciones sindicales.
Asimismo, la misiva expresa que, tras la salida de Miguel Ulises Moreno como presidente de la FCV por malversación de bienes y de José Gregorio Díaz Matute como su reemplazo tras su «excomunión», y poco después de la llegada de María Sirley Sánchez León a dicho cargo, el nuevo directorio se percató que el magistrado del TSJ que designó la «junta Ad Hoc se extralimitó en sus funciones» al otorgarle a su presidente, «sin tomar en cuenta los verdaderos dirigentes Campesinos» de la federación y que «la misma es una organización de orden privada», la potestad de «Administrar y de modificar los Estatutos», función que, según se explica en la misiva, solo «tiene un Congreso Campesino».
En declaraciones proporcionadas durante la entrega del documento, Luis Escobar manifestó que la presidente de la junta Ad Hoc «ha violado la sentencia» por no «haberse sentado» con el directorio para discutir acerca de la cohabitación y las elecciones que deben realizarse en un plazo no mayor de ocho meses, y para «avaluar» todos los bienes de la organización; y por actuar según su propio arbitrio, hecho que ha llevado al directorio a considerar sus acciones como «nulas».
Escobar hizo un llamado a la Sala de Casación Social a que «reconsidere la decisión que ha sido tomada por el magistrado» Luis Fernando Damiani Bustillos en cuanto a los poderes dados a Ortega, y que «se le llame la atención» a ésta o sea sustituida por otra persona que «entienda lo que es un proceso electoral» y su efectuación en una organización como la FCV.
