Yaxmin González Jiménez
ACARIGUA.- Edgar Silva, coordinador nacional del Comité de Derechos Humanos para la Defensa de Pensionados, Jubilados, Adultos Mayores y Personas con Discapacidad, manifestó su preocupación por la situación socio-económica “cada vez más precaria” en la que vive este sector de la población venezolana.
“La pensión que logramos que se incrementara este año, que era de siete dólares desde mayo de 2021 y se llevara a 130 bolívares, que en el mes de marzo significaba 30 dólares, ahora apenas representa 10,23 dólares a la tasa oficial del Banco Central de Venezuela, es decir que las condiciones han desmejorado de una manera dramática. Con 10,23 dólares al mes no se pueden adquirir alimentos y medicinas y deja en evidencia lo que hemos venido calificando, de acuerdo al Estatuto de Roma en su artículo 7, numeral B, que como un exterminio, un delito de lesa humanidad, que el Gobierno nacional viene cometiendo masivamente contra la población adulta mayor”, expresó.
En ese sentido refirió que este comité ha venido documentando ancianos que han fallecido por la falta de alimentos y medicinas, a los fines de interponer una denuncia bastante sustentada ante la Corte Penal Internacional.
-Esta es la situación dramática de los adultos mayores que vienen sobreviviendo con la ayuda de familiares que se han ido al exterior, ya son siete millones de venezolanos que han migrado buscando mejores condiciones de vida y buena parte de hijos, nietos y familiares que se han ido les aportan algún beneficio mensual para poder adquirir un poquito más de alimentos y medicinas que le puedan hacer falta. No hablemos de las enfermedades de alto riesgo que pudieran sufrir y que se agravan aún más con la situación de los hospitales, haciendo que la muerte sea más adelantada, apuntó.
En otro orden de ideas, Silva hizo referencia al bono de 10 mil bolívares a los jubilados ofrecido por el presidente Nicolás Maduro, en mayo pasado, que terminó convertido en una oferta engañosa. “En ese entonces significaban 2.227 dólares, de los cuales ningún jubilado de la administración pública desde el 2018 hasta la fecha ha recibido ese bono. Fue una oferta engañosa como otras tantas que ha hecho , por ejemplo, como lo hizo en 2014 que iba a cancelar el bono de recreación y el bono de la salud para los pensionados del Seguro Social y los adultos mayores en general, ofertando, incluso, una tarjeta de alimentación que tampoco se concretó”, manifestó.
La situación – subrayó el vocero de los pensionados y jubilados- es bastante critica, bastante dramática y hay una condena a muerte adelantada por una pensión tan miserable que viene otorgando el Gobierno, violando las normas establecidas en la Constitución de Venezuela como es disfrutar de un sistema de seguridad social que le proporcione bienestar a los adultos mayores.
