TEHERÁN.- Grupos de defensa de los derechos humanos advirtieron este domingo de que varios manifestantes en Irán corren riesgo inminente de ejecución, tras una reacción internacional contra el primer ahorcamiento del régimen clerical relacionado con las manifestaciones en curso.
El movimiento de protesta, de casi tres meses de duración, fue desencadenado por la muerte bajo custodia de Mahsa Amini, una joven de 22 años kurdo-iraní detenida por la policía de moral por infringir supuestamente el estricto código de vestimenta de las mujeres de la república islámica.
Las marchas, calificadas de «disturbios» por las autoridades, representan el mayor desafío al régimen desde la destitución del sha en 1979. Han sido respondidas con una represión que, según los activistas, pretende infundir miedo a la población.
El jueves, Irán ejecutó a Mohsen Shekari, de 23 años, condenado por atacar a un miembro de las fuerzas de seguridad. Grupos de derechos humanos afirmaron que se había sometido a un juicio amañado marcado por una excesiva premura.
El Poder Judicial iraní afirma haber condenado a muerte hasta la fecha a 11 personas en relación con las protestas, pero los activistas sostienen que alrededor de una docena más se enfrentan a cargos que podrían acarrearles la pena capital.
A menos que los gobiernos extranjeros «aumenten significativamente» los costes diplomáticos y económicos para Irán, el mundo «está dando luz verde a esta carnicería», afirmó Hadi Ghaemi, director ejecutivo del Centro de Derechos Humanos de Irán (CHRI), con sede en Nueva York.
Amnistía Internacional afirmó que Irán se estaba «preparando para ejecutar» a Mahan Sadrat, de 22 años, apenas un mes después de su juicio «manifiestamente injusto». Fue declarado culpable de sacar un cuchillo en las protestas, acusación que negó rotundamente ante el tribunal.
El sábado, Sadrat fue trasladado de la Gran Prisión de Teherán a la prisión de Rajai Shahr, en la cercana ciudad de Karaj, «lo que hace temer que su ejecución se lleve a cabo de forma inminente», ha manifestado Amnistía.
Juicio espectáculo
«Como a todos los demás presos condenados a muerte, se le negó todo acceso a su abogado durante los interrogatorios, los procedimientos y el juicio espectáculo», afirmó la organización ‘Iran Human Rights’, con sede en Oslo.
Amnistía advirtió de que la vida de otro joven detenido por las protestas, Sahand Nourmohammadzadeh, también corría peligro «tras un procedimiento acelerado que no se asemejaba a un juicio».
Sahand Nourmohammadzadeh fue condenado a muerte en noviembre, acusado de «derribar barandillas de autopistas y prender fuego a contenedores de basura y neumáticos».
Entre los condenados a la misma pena se encuentra el rapero Saman Seyedi, de 24 años, perteneciente a la minoría kurda de Irán. Su madre abogó por su vida en las redes sociales en un video en el que afirmaba «mi hijo es un artista, no un alborotador».
Otro rapero disidente, Toomaj Salehi, que expresó su apoyo a las protestas contra el régimen, está acusado de «corrupción en la tierra» y podría ser condenado a muerte, según confirmaron el mes pasado las autoridades judiciales iraníes.
«Tememos por la vida de los artistas iraníes que han sido acusados de cargos que conllevan la pena de muerte», afirmaron los expertos de Naciones Unidas en un comunicado, refiriéndose a los casos de Sayedi y Salehi.
Amnistía y la IHR han planteado también el caso de Hamid Gharehasanlou, médico condenado a muerte. Afirman que fue torturado bajo custodia y que su esposa fue coaccionada para que declarara en su contra, algo de lo que luego trató de retractarse.
Desprecio sin límites
«Las ejecuciones de manifestantes sólo pueden evitarse elevando su coste político para la república islámica», declaró el director del IHR, Mahmood Amiry-Moghaddam, quien pidió una respuesta internacional «más enérgica que nunca».
Estados Unidos, miembros de la Unión Europea y Reino Unido condenaron enérgicamente la ejecución de Shekari. La ministra alemana de Asuntos Exteriores, Annalena Baerbock, dijo que mostraba un «desprecio sin límites por la vida humana».
Irán volvió a convocar el viernes y el sábado a los embajadores alemán y británico para protestar por las acciones de sus países, lo que supone la 15ª vez en menos de tres meses que Teherán llama a consultas a enviados extranjeros.
Muchos activistas desean que la respuesta extranjera vaya más allá, llegando incluso a la ruptura de relaciones diplomáticas con Irán.
Tras la amplia indignación internacional por la ejecución de Shekari, Irán declaró que estaba actuando con moderación, tanto en la respuesta de las fuerzas de seguridad como en la «proporcionalidad» del proceso judicial.
El uso de la pena de muerte en Irán forma parte de una campaña represiva en la que, según el RSI, las fuerzas de seguridad han matado al menos a 458 personas.
Según la ONU, al menos 14.000 han sido detenidas.
Mientras tanto, dos actores y un director de teatro detenidos en noviembre por grabar un vídeo de apoyo al movimiento de protesta han sido puestos en libertad bajo fianza, informaron los medios de comunicación locales.
«El director de teatro Hamid Pourazari y las actrices Soheila Golestani y Faezeh Aeen fueron puestos en libertad el domingo por la noche», declaró la agencia de noticias ISNA.
AFP/
