Presentado Informe de Criminalización de la Sociedad Civil: Fundehullan registra 181 casos de violación de DDHH en tercer trimestre de 2022

Yaxmin González Jiménez

ACARIGUA.- 181 violaciones de derechos humanos, lo que representa un incremento del 16,7 % con respecto al trimestre anterior, fueron registradas por la organización no gubernamental, Fundehullan, al presentar el Informe de Criminalización de la Sociedad Civil correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre del presente año.

En la presentación del referido análisis, Ana María Velásquez, coordinadora regional de la Fundación de Derechos Humanos de Los Llanos (Fundehullan) y Nayarí González, coordinadora del Observatorio de Derechos Humanos de Los Llanos, indicaron que en el monitoreo realizado en los estados Apure, Barinas, Cojedes, Guárico, Portuguesa y Táchira se documentaron 36 casos de vulneración de derechos y 145 casos registrados en la puesta en marcha de operativos policiales de seguridad.

Ana María Velásquez, coordinadora de Fundehullan en Portuguesa

De los hechos en contra de la sociedad civil, 5 están referidos a la vulneración a la libertad personal; detenciones arbitrarias, secuestro y retención; 3 de vulneración a la libertad de reunión y de asociación y al espacio cívico y democrático; 18 casos de vulneraciones a la manifestación pacífica (intimidación y hostigamiento); 4 casos de vulneración al acceso a la información y a estar informado (emisoras cerradas); 5 casos de vulneración a la libertad de expresión (Intimidación a periodistas) y 145 hechos que involucraron a una comisión mixta de los cuerpos de seguridad del Estado en Guárico.

“De acuerdo a nuestro monitoreo se logró establecer que los responsables de las vulneraciones a los derechos humanos durante este trimestre fueron los siguientes, el Servicio de Inteligencia Nacional Bolivariano (SEBIN), responsable de 11 casos, reflejado con el 29%. 07 casos por la Policía Nacional Bolivariano (PNB), equivalente al 18%. El punto de desconocidos con un registro de 5 casos, representado por el 12% cada uno, continuando con funcionarios públicos en representación de las instituciones del Estado, con 06 casos lo que equivale al 16%. La policía estadal con 5 casos, reflejados con el 13% y el restante con el 3% de responsabilidad de otros organismos que integran los cuerpos de seguridad del Estado”, revela el informe.

Durante la valoración, Fundehullan y el Observatorio de Derechos Humanos determinó que Barinas, con un 26 % de los casos, es el estado donde más se vulneraron los derechos humanos, seguido de Portuguesa con 19 %, Táchira con 18 %, Guárico con 16%, Cojedes con 13% y Apure con 08%. Asimismo se estableció que agosto fue el mes con mayor porcentaje de vulneraciones a los DDHH con el 50% de casos, julio con el 30 % y 20 % restante ocurrió en septiembre.

-Del total de los ataques documentados durante el trimestre de julio, agosto y septiembre, 18 casos corresponden a intimidación en manifestaciones, equivalente a un 38%; 10 casos de despidos por el cierre de emisoras, reflejado con el 21%; 8 fueron contra defensores y activistas de ONG y miembros de gremios, para un 17%; 5 casos de intimidación contra periodistas, con el 11%. También se registraron 4 casos contra medios de comunicación, con el 9% y 2 casos contra dirigentes políticos, equivalente al 4%, agregan.

Al manifestar su preocupación por la vida y seguridad de la ciudadanía, Fundehullan instó a las autoridades gubernamentales a la puesta en práctica de políticas públicas orientadas a la seguridad ciudadana ante el incremento de la criminalización por parte de los cuerpos policiales.

En tal sentido, el informe exhorta “a los fiscales del Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo cumplir cabalmente sus funciones, como; procesar debidamente, realizar una investigación independiente y dar respuestas efectivas apegadas a la ley, a las diferentes denuncias de familiares sobre posibles ejecuciones extrajudiciales, robos y cualquier otro exceso en los operativos. Garantizar políticas públicas y mecanismos efectivos que busquen y promuevan la protección efectiva de las personas y organizaciones defensoras de los derechos humanos en Venezuela”.

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