Nicaragua: Régimen de Ortega inicia proceso para juzgar a otro sacerdote, mientras familia de opositor es hallada culpable

MANAGUA.- El Gobierno de Nicaragua, sobre la base de un proceso penal, culminó los primeros trámites para enjuiciar al sacerdote Benito Enrique Martínez, quien pronunció las ya renombradas palabras “fuera la pareja asesina”, en referencia al presidente Daniel Ortega y a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.

El hecho ocurrió frente a un grupo de estudiantes universitarios.

Enrique Martínez tiene 64 años. Su arresto no fue el único que ha involucrado a representantes de la Iglesia católica. Fue la novena detención de un párroco registrada el pasado año.

Benito Enrique Martínez está acusado de presuntamente conspirar para «cometer menoscabo a la integridad nacional en concurso de noticias falsas en perjurio del Estado». La información se conoció por medio del Poder Judicial del país centroamericano.

Familiares de opositor franco-nicaragüense, declarados culpables de «traición a la patria»

Tres familiares del opositor Javier Alberto Álvarez Zamora fueron condenados por varios delitos que pueden ser considerados como actos contra la integridad del Estado. Los imputados fueron la esposa, la hija y el yerno de Javier Alberto.

La particularidad de este caso es que las dos mujeres, Jeannine Horvilleur Cuadra y Ana Carolina Álvarez Horvilleur, cuentan, además de la ciudadanía nicaragüense, con nacionalidad francesa.

Los delitos por los que fueron acusados y juzgados son: conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas en perjuicio del Estado y la sociedad nicaragüense. Ocho años pide el Ministerio Público de Nicaragua contra las mujeres, mientras que podría caer sobre el yerno, Félix Roiz Sotomayor, una sentencia de diez años. El 26 de enero se sabrá el veredicto.

La reacción de Javier Alberto Álvarez Zamora no se hizo esperar. “Ellos no están en capacidad de tener empatía por las personas. No pueden aceptar que haya gente en Nicaragua que piense distinto a lo que piensan ellos”, dijo, en referencia al Gobierno. 

Zamora militaba en el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Colaboró con este movimiento hasta que decidió huir al exilio.

El Estado francés ha manifestado una “enorme preocupación” por las dos ciudadanas, además de exigir al Gobierno nicaragüense que dé a conocer las condiciones de su detención y el estado de salud de ambas. París subrayó además la reiteración “insistente” a las autoridades para que las detenidas tengan acceso a la asistencia consular.

Las ONG, otro frente abierto en Nicaragua

Como un supuesto «robo» dio a conocer la ONG Comisión Permanente de Derechos Humanos el allanamiento de sus oficinas por parte de la policía local en Managua, la capital. La entidad acusó del hecho al Gobierno, al que califica de «dictadura».

La organización se dedica a velar y defender por el cumplimiento de los derechos humanos en Nicaragua y es una de las muchas a las que la Asamblea Nacional ha despojado de la personalidad jurídica.

«Denunciamos que el régimen sandinista, dirigido por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, a través de la Policía como principal instrumento de violencia y represión contra los defensores de derechos humanos y el pueblo de Nicaragua, ha consumado el robo de nuestras oficinas en Managua».

Casi todos los miembros de la organización no gubernamental se encuentran en el exilio. Tan solo una persona permanece en el país y detenida por las autoridades: María Oviedo, defensora de los derechos humanos.

Las cifras reflejan que hasta septiembre del pasado año cerca de unas 1.500 ONG han sido prohibidas.  

EFE/

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