Miguel Enrique Villavicencio.- «Es mezquino, inhumano e incluso hasta una violación a los derechos humanos, que el Gobierno siga negando que existe una profunda crisis en miles de hogares venezolanos».
Así lo expresó el doctor Rafael Narváez, exparlamentario y abogado defensor en materia de Derechos Humanos y Civiles en el país, quien agrega que el régimen de Nicolás Maduro pareciera no escuchar el reclamo justo que cada día se manifiesta con mayor profundidad en las calles de todo el país, por parte de los docentes, personal de salud y demás trabajadores, junto a los pensionados, jubilados y cientos de miles de venezolanos.
Narváez le exigió al Estado que rectifique sus políticas económicas que pulverizaron el poder adquisitivo de los venezolanos a causa de la hiperinflación, que cuenta con aliados criminales como el dólar oficial y el dólar paralelo, ambos diariamente en alza y despojando a los hogares de la canasta básica.
Resalta que, según los expertos, se necesitan 64 salarios mínimos para poder adquirir la canasta básica.
-Lo más grave de todo es que el Gobierno con toda su estructura económica se niega a evaluar este inmenso problema a través de una mesa de diálogo y negociación. Lamentablemente este conflicto se sigue extendiendo y profundizando cada día más en todo el territorio nacional – dijo.
Por otro lado, Narváez condenó las amenazas violentas por parte de grupos llamados colectivos en contra de los manifestantes, que sólo hacen uso del derecho establecido en el artículo 68 de la Constitución nacional.
-La manifestación pacífica es un derecho constitucional, por lo que no debe ser impedida por los cuerpos de seguridad del régimen que tienen un historial oscuro en materia de violaciones graves a los derechos humanos. El Gobierno está a tiempo de rectificar sus errores porque el silencio y la indiferencia ante la grave crisis que existe no es la mejor estrategia – señaló.
Para concluir, Narváez hizo un llamado a los organismos de seguridad a respetar el derecho constitucional a la protesta pacífica, donde se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas.
