Miguel Enrique Villavicencio.- «El Gobierno está inhabilitado para exigir el debido proceso ante la Corte Penal Internacional, porque para nadie es un secreto que el sistema de justicia venezolano es el primero que lo viola de manera sistematica».
Así lo expresó el doctor Rafael Narváez, exparlamentario y abogado defensor en materia de Derechos Humanos y Civiles, quien además sostiene que descalificar al fiscal de la CPI por supuestamente violar el debido proceso, es prácticamente ir en contra de la sala de cuestiones preliminares, la cual es la que autorizó investigar los crímenes de lesa humanidad ocurridos en Venezuela.
Narváez rechazó la pretensión del régimen de Nicolás Maduro de querer descalificar al fiscal de la CPI.
Al respecto, consideró que este ataque del régimen en contra el fiscal de la CPI no es más que una manera de querer ocultar su incumplimiento con el documento de acuerdo y entendimiento que fue firmado.
-Allí uno de los puntos establece el compromiso de contar con un sistema de justicia imparcial que asumiera la investigación penal de los hechos ocurridos durante el año 2017, así como también procesar a los responsables….Se trata del principio de complementariedad que está contemplado en el Estatuto de Roma, donde también se establece que tanto el Estado venezolano como la CPI deben ejercer la investigación penal, que el equipo técnico del fiscal tenga acceso a los expedientes sin ningún tipo de restricción y la instalación de una oficina en Venezuela – indicó.
Resalta que el sistema de justicia venezolano sólo ha procesado a efectivos policiales y militares de bajo rango.
-Pareciera que el Gobierno desconoce las competencias y alcances de la CPI, que sólo investiga y procesa penalmente a Jefes de Estados en ejercicio, militares de grados superiores y funcionarios de gobierno de alto nivel.
No es ético desde el punto de vista jurídico exigir el cumplimiento del debido proceso, mucho más cuando en nuestro país el artículo 49 de la Constitución establece el derecho a la defensa, la asistencia jurídica, presunción de inocencia, el derecho a ser oído y acceder a las pruebas. Aquí hemos visto acciones graves como la suspensión de las audiencias en innumerables ocasiones lo que constituye un inmenso retardo procesal. Igualmente la denegación de justicia que vulnera sistemáticamente el debido proceso a las víctimas de violaciones graves a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad – dijo Narváez.
El jurista indicó que las víctimas de violaciones graves a los DDHH y crímenes de Lesa Humanidad aún esperan que los componentes del letal Plan Zamora y su cadena de mando sean procesados penalmente.
Para finalizar, le recordó al Estado venezolano que los crímenes de lesa humanidad no prescriben y que el sistema universal de los derechos humanos no concede privilegios a responsables de violaciones graves a los derechos humanos.
