Yaxmin González Jiménez
ACARIGUA.- Acompañados por activistas de defensa de derechos humanos, alrededor de 45 familias del barrio “Los Hijos de Dios”, ubicado en la vía a Espinital del municipio Páez, exigieron atención gubernamental para mejorar el sector y dignificar las condiciones de vida de sus habitantes.
Geraldine Carrero, en representación de la referida comunidad, explicó que residen en ranchos de bahareque y latas de zinc y el agua y la electrificación que hay es porque fueron colocados por los mismos vecinos ya que desde hace tres años están a la espera de ayuda de organismos oficiales para resolver los problemas que los agobian.
“Aunque hemos ido a la Alcaldía de Páez a solicitar ayuda no hemos obtenido nada. Nos han ofrecido reubicarnos y nos hemos negado, no porque seamos rebeldes, sino que nos quieren llevar a un terreno vacío, lo cual nos parece injusto ya que hemos trabajado por una estabilidad en la zona desde hace tres años, lo justo es que nos reubiquen en viviendas ya que allí hay una población de más de 100 niños y adolescentes, ocho adultos mayores y nueve madres solteras y con la difícil situación económica se nos hace difícil volver a comenzar desde cero y volver a levantar unos ranchos”, argumentó.
La vocera del sector señaló que les ofrecieron material de construcción y no se concretó, al igual que les prometieron desarrollar un conjunto habitacional y tampoco se llevó a efecto, dejándolos a la buena de Dios y a merced de múltiples problemas que afectan la calidad de vida de decenas de ciudadanos.
Por su parte, Aldo Rojas, activista de DDHH y miembro de Fundehullan, denunció la falta de respuestas oportunas por parte de los organismos competentes ante la grave situación que padecen estos ciudadanos y la violación de los derechos humanos.
-El 12 de mayo de 2020, 21 familias llevadas por la necesidad de vivienda, ocuparon un terreno ubicado en la vía Espinital, al lado de la planta de llenado de Dumogas, que tenía más de nueve años en abandono. El 19 de noviembre de 2021 recibieron una resolución suscrita por el entonces alcalde Efrén Pérez, en el que se les anexa a un complejo habitacional que nunca llegó a nada y a la fecha de hoy, 45 familias hacen vida en el referido sitio y no se les ha dado respuesta de ningún órgano competente, explicó Rojas.
El representante de Fundehullan destacó que la carencia de agua, electricidad, cloacas, entre otros, violenta la Constitución Bolivariana de Venezuela en su artículo 82 que garantiza el derecho de la ciudadanía a una vivienda adecuada, segura, cómoda, higiénica y con servicios básicos esenciales, entre otros aspectos, que garanticen las relaciones familiares, vecinales y comunitarias.
Solicitamos –añadió- garantías de los derechos humanos, sin discriminación alguna y por lo tanto exigimos al gobierno dar respuestas y soluciones y hacer realidad la construcción de un estado democrático, de derecho y de justicia.
