Los que acostumbramos observar con un poco de detenimiento el panorama político venezolano, vemos como hasta el propio ideal revolucionario del extinto comandante Chávez ha conseguido en sus mismos sucesores los más férreos enemigos.
Y no hablo de los que se han deslindado del gobierno de Maduro, que ya son muchos y sigue creciendo la cuenta, sino del propio Presidente actual y de todos de los que dicen ser sus herederos y defensores del legado del comandante eterno.
Si a ver vamos, uno de los elementos simbólicos utilizados por Hugo Chávez para distinguir su proyecto político era la Constitución aprobada en referéndum consultivo el 15 de diciembre de 1999, por lo que podemos decir que es el legado más importante del chavismo originario.
Sin embargo, hoy día, cualquier ciudadano que salga a defender los derechos que le otorga la Constitución y las leyes que el mismo Hugo Chávez dejó, pues hace sentir amenazados o atropellados a los que se supone más bien deberían ser garantes de su buen cumplimiento.
No sólo se encargan de pisotearla, violarla e incluso negarles los derechos ciudadanos a los venezolanos, sino que además creen que es sinónimo de un buen revolucionario.
Esta aberrante incoherencia ha desembocado en una desastrosa anarquía que aviva un estado de indefensión colectiva, y también promueve en gran manera las distintas formas de corrupción, situación que hace imposible bajo estas condiciones dar cumplimiento al objetivo para la que fue concebida nuestra carta magna.
La Constitución establece en su preámbulo: «con el fin supremo de refundar la República para establecer una sociedad democrática, participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural en un Estado de justicia, federal y descentralizado, que consolide los valores de la libertad, la independencia, la paz, la solidaridad, el bien común, la integridad territorial, la convivencia y el imperio de la ley».
El respeto a la Constitución es el único medio que puede asegurarnos un modo de convivencia sano, armonioso y de libertades, exigir su cumplimiento no es un antojo político es un derecho y un deber ciudadano que todo venezolano debe ejercer sin distinción alguna y tampoco con limitaciones.
Froilán Sánchez
