Miguel Enrique Villavicencio.- «El cierre de la Oficina de los Derechos Humanos de la ONU en Caracas y hasta con ultimátum de abandonar el país, viene a ser un gran golpe del régimen de Nicolás Maduro a la Constitución y a los pactos internacionales suscritos por Venezuela en esta materia».
Así lo consideró el doctor Rafael Narváez, exparlamentario y abogado defensor en materia de Derechos Humanos y Civiles en el país, quien agregó que pareciera que al gobierno le incomoda mucho el artículo 19 de la Carta Magna, el cual señala que «el estado garantizará a toda persona conforme a el principio de progresividad y sin discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos»
Narváez rechazó el cese de funciones de la oficina del alto comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, la cual se había instalado en el país dándole cumplimiento al documento de acuerdo y entendimiento firmado entre las partes.
De igual manera, el jurista repudió que el Estado venezolano a través de su canciller haya tenido un verbo impregnado de amenazas, al dar un ultimátum de 72 horas para que el equipo técnico abandone el país por ser supuestamente miembros de un bufete de golpistas.
-Sin duda alguna, el régimen de Nicolás Maduro ha retomado el camino de la persecución en contra de ciudadanos que vienen ejerciendo sus derechos políticos.
Hay varias personas que han sido víctimas de detenciones arbitrarias con encarcelamiento como los dirigentes Luis Camacaro, Guillermo López y Juan Freites, quienes fueron detenidos el pasado 23 de enero y hasta la presente fecha sus familiares y abogados de confianza desconocen el lugar de reclusión, configurándose el delito de desaparición forzada de personas – dijo.
Opina que esta política pública por parte del Estado de violar sistemáticamente las garantías constitucionales, judiciales y derechos humanos tampoco escapan los activistas DDHH como Rocío San Miguel, directora de la ONG Control Ciudadano.
-San Miguel fue privada de libertad sin siquiera permitirle ejercer su defensa por parte de sus abogados de confianza, fijando el sitio de detención en la propia cuna de la torturas como lo es la sede del SEBIN en el Helicoide. Es bueno destacar que es la primera vez que una mujer activista por los derechos humanos es privada de libertad en nuestro país – expresó.
Narváez exigió al Gobierno el cese de las violaciones graves a los derechos humanos, mientras que al sistema de justicia le pidió intentar recuperar su autonomía, independencia y atribuciones establecidas en la Constitución.
