La reciente propuesta de reforma constitucional presentada por Nicolás Maduro, que busca incluir la cadena perpetua en Venezuela, plantea la necesidad de un profundo debate nacional sobre la justicia y los derechos humanos. Maduro ha argumentado que esta medida es necesaria para combatir la corrupción y la traición, haciendo un llamado a sus partidarios para que apoyen su plan de cambiar la constitución del país.
Sin embargo, la propuesta choca con el principio de progresividad de los derechos humanos, que sostiene que las medidas adoptadas por el Estado deben buscar la ampliación y mejora de los derechos, nunca su restricción o retroceso. La cadena perpetua, al ser una pena absoluta y en muchos casos sin posibilidad de revisión, contradice este principio fundamental.
Los defensores de la cadena perpetua argumentan que ciertos delitos, por su naturaleza atroz y el daño irreparable que causan a las víctimas y a la sociedad, merecen una pena que asegure la no repetición y actúe como un disuasivo efectivo. Sin embargo, los críticos señalan que la cadena perpetua contradice la idea de la reinserción social del individuo, un objetivo que debe perseguir toda política penal en una sociedad que respeta los derechos humanos.
Además, la posibilidad de errores judiciales y la falta de garantías de un proceso justo se magnifican cuando la pena es de una magnitud tan definitiva. La irreversibilidad de la cadena perpetua no sólo cierra la puerta a la corrección de estos errores, sino que también ignora la capacidad del ser humano para cambiar y redimirse.
La discusión sobre la cadena perpetua en Venezuela no es sólo un asunto legal, sino profundamente ético y moral. ¿Puede una sociedad que aspira al respeto de los derechos humanos adoptar una pena que parece negar la posibilidad de redención? ¿Es la cadena perpetua una manifestación de justicia o una renuncia a la creencia en la capacidad de reinserción social del ser humano?
En conclusión, la propuesta de reforma constitucional para incluir la cadena perpetua en Venezuela debe ser analizada con detenimiento, considerando no sólo su efectividad práctica, sino también su alineación con el principio de progresividad de los derechos humanos.
Es esencial que cualquier cambio en el sistema de penas en Venezuela se realice con una visión de futuro, buscando siempre la ampliación de derechos y la afirmación de la dignidad humana.
Al contemplar la posibilidad de una pena sin retorno, debemos preguntarnos qué tipo de sociedad queremos construir. Una sociedad que se adhiere a los principios de los derechos humanos es una que reconoce la dignidad intrínseca de cada individuo y se esfuerza por preservar esa dignidad contra todo castigo desproporcionado y definitivo.
El debate sobre la cadena perpetua es, por tanto, más que una cuestión de política criminal; es una reflexión sobre nuestra identidad colectiva y los valores que aspiramos a encarnar. En este momento crucial, Venezuela tiene la oportunidad de reafirmar su compromiso con los derechos humanos y de rechazar cualquier medida que los menoscabe, eligiendo un camino que refleje la justicia, la proporcionalidad y, sobre todo, el respeto por la vida y la libertad humanas.
Aldo Rojas Padilla
