Especial.- Venezuela no podrá superar la crisis de su servicio eléctrico si insiste en repetir el mismo modelo estatal centralizado que la llevó al colapso. La única vía probada para alcanzar un servicio confiable, accesible y con tarifas competitivas es la participación decidida del sector privado en la generación, transmisión y distribución de energía, tal como lo demuestran las experiencias de Perú, Colombia y Brasil.
Así lo afirmó el ingeniero y profesor de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), José María De Viana, durante su exposición en el foro “Venezuela vive a oscuras sobre un océano de petróleo y gas: ¿Cómo iluminar su futuro?”. El evento fue organizado por el Grupo Ideas para Venezuela por intermedio de su coordinador, el ingeniero Elías Matta, exdiputado de la Asamblea Nacional y experto en energía, quien invitó al especialista a compartir su análisis sobre la reforma del sector eléctrico venezolano
De Viana explicó que “Venezuela es la provincia energética más rica del hemisferio occidental por sus recursos de agua, gas, petróleo, sol y viento, lo que hace aún más paradójico que sus ciudades vivan a oscuras”.
Advirtió que detrás de un servicio eléctrico confiable debe existir un suministro robusto de gas, calificado como el combustible de la transición energética, y que la baja producción petrolera del país ha reducido también la disponibilidad de gas asociado, agravando la crisis.
El experto fue enfático en que el problema no es ideológico sino técnico y económico: la reforma eléctrica ha sido adoptada por países gobernados tanto por la izquierda como por la derecha, desde Chile en 1981 hasta Brasil bajo el gobierno de Lula da Silva en 2004, lo que demuestra que se trata de una necesidad universal y no de un dogma del llamado Consenso de Washington.
El expositor recordó que el sistema eléctrico venezolano funcionó de manera descentralizada y eficiente hasta que en 2007 se adoptó un modelo de monopolio integrado estatal que ya había fracasado en otras partes del mundo, decisión que atribuyó a un interés de control político y manejo discrecional de los recursos del sector antes que a razones técnicas o económicas.
Precisó que ese proceso no se limitó a centralizar bajo Corpoelec a las empresas estatales descentralizadas que funcionaban adecuadamente, como Enelven en el Zulia, sino que además implicó la estatización de más de siete empresas privadas que operaban con éxito, entre las cuales destacó a la Electricidad de Caracas, lo que representó una doble pérdida: la del modelo descentralizado eficiente y la de la participación privada que ya existía en el sector.
Frente a ese diagnóstico, propuso transferir la operación de los activos de generación al sector privado mediante contratos de largo plazo, de 30 o 40 años, que permitan a los inversionistas repararlos, operarlos y mantenerlos en funcionamiento durante décadas, en lugar de limitarse a reparaciones puntuales que se deterioran a los pocos meses bajo la gestión estatal actual.
Citando el caso peruano, que conoció de cerca mientras trabajaba con el Banco Mundial en la década de los noventa, De Viana detalló que el Perú cuenta hoy con más de treinta generadores eléctricos distintos que compiten entre sí y pueden celebrar contratos directos con grandes consumidores industriales, lo que ha permitido reducir las pérdidas de energía de más de 25% a solamente 6%, además de convertir a ese país en un productor relevante de cemento y de productos metalúrgicos gracias a la disponibilidad de energía confiable.
Señaló que en los procesos de privatización peruanos se transfirió 60% de la propiedad de las empresas al capital privado, se mantuvo 30% en cartera del Estado para incorporarlo a la bolsa cuando las empresas alcanzarán rentabilidad, y se reservó una parte de las acciones para los trabajadores, un esquema que generó inversión, transferencia tecnológica y capacidad organizativa.
El profesor sostuvo que el temor a que la apertura privada eleve las tarifas para los sectores más vulnerables está resuelto desde hace cuatro décadas en la experiencia regional, mediante sistemas de subsidios cruzados focalizados que protegen a los consumidores de bajo consumo sin comprometer la viabilidad financiera del sistema.
Puso como ejemplo que los venezolanos de menores ingresos ya pagan tarifas internacionales por servicios como la fibra óptica, lo que demuestra disposición a pagar por servicios de calidad, y advirtió que la energía gratuita ha sido en realidad la más costosa para el país, por las pérdidas, el racionamiento y el deterioro del parque de generación que ha provocado.
De Viana también destacó que, en modelos exitosos como el peruano, hasta 40% de los ingresos del sistema eléctrico provienen de los grandes consumidores industriales, proporción que en Venezuela podría ser incluso mayor dada su vocación minera, petrolera y gasífera, lo que convertiría a la gran industria en el principal soporte financiero de la reforma.
Insistió en que la disponibilidad de gas a bajo costo debe aprovecharse como ventaja competitiva venezolana frente a la experiencia peruana, que tuvo que construir un gasoducto de 600 kilómetros a través de la cordillera de los Andes para abastecer sus plantas térmicas, mientras que en Venezuela el gas asociado se produce en los mismos campos petroleros.
El especialista cerró su intervención señalando que la reforma del sistema eléctrico es la decisión de mayor impacto encadenado que puede tomar el país, porque de ella depende el funcionamiento de la educación, la salud, el agua potable y la actividad productiva en general, y llamó a abandonar la idea de reparar activos sin cambiar el modelo de gestión.
Advirtió que la reforma legal que se discute actualmente corre el riesgo de repetir el mismo esquema que ya fracasó si se limita a contratar reparaciones puntuales sin transformar quién opera y se responsabiliza por el funcionamiento futuro de los activos, y puso como ejemplo el caso de Tocoma, donde se ha planteado contratar a la misma empresa que dejó inconclusa esa represa para resolver pendientes como la sala de máquinas. “Si no hay un actor privado con interés directo en generar un dividendo a partir del funcionamiento sostenido de esa planta, en poco tiempo volverán los mismos problemas”.
Señaló que la misma lógica aplica al contrato con General Electric para la reparación de turbinas, pues esa empresa repara y se retira sin que exista claridad sobre quién asume el mantenimiento y la operación continúa una vez concluidos los trabajos.
Advirtió que, sin un responsable directo con interés económico real en que esas turbinas sigan funcionando, “el país volverá a enfrentar las mismas fallas en poco tiempo”. De allí su insistencia en que el modelo debe cambiar de fondo: “No basta con reparar, hace falta un doliente que opere, mantenga y responda por el servicio a largo plazo”.
Por su parte, el ingeniero Elías Matta, exdiputado, experto en energía y coordinador del Grupo Ideas para Venezuela, agradeció la participación de José María De Viana y señaló que su exposición confirma la línea de trabajo que esa organización ha venido desarrollando en torno a la necesidad de una reforma eléctrica.
Destacó que esta debe contar con una arquitectura institucional sólida que incluya un ente regulador autónomo, un mercado eléctrico mayorista y mecanismos de arbitraje internacional capaces de dar seguridad jurídica a la inversión privada que Venezuela requiere para recuperar un servicio eléctrico confiable.
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Prensa Fracción Parlamentaria
Un Nuevo Tiempo
