ALDO ROJAS PADILLA /
Hay episodios que producen primero risa, después indignación y, si uno se detiene un poco más, preocupación. El video de la mujer que se presentó ante funcionarios policiales como “la tapa del frasco” pertenece a esa categoría.
La frase se volvió viral. También las expresiones con las que pretendía demostrar que estaba por encima de cualquier consecuencia. Según se escucha en la grabación, Elizabeth Ochoa aseguró que las denuncias formuladas en su contra no prosperaban, relató haber golpeado a tres vecinas y sostuvo que mientras Diosdado Cabello permaneciera al frente del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, a ella no le llegaría la justicia.
Después vino la reacción institucional. Cabello negó conocerla y rechazó que utilizara su nombre para atribuirse una protección que no tenía. Posteriormente se informó sobre la detención de Ochoa y su puesta a la orden del Ministerio Público.
Hasta aquí estamos ante un hecho policial. Pero quedarse allí sería desperdiciar lo verdaderamente interesante del episodio.
Porque la mujer del video no inventó el comportamiento que exhibe. Lo llevó a una expresión tan exagerada y tan explícita que terminó convirtiéndolo en espectáculo.
La sociedad venezolana conoce desde hace mucho tiempo al personaje que, ante una autoridad, no pregunta qué dice la norma sino a quién conoce. Al que no presenta argumentos sino credenciales. Al que, frente a una infracción, procura saber quién puede llamar a quién. Al que convierte una supuesta cercanía con alguien poderoso en una especie de salvoconducto personal.
El venezolano tiene incluso una palabra para describir una de las formas más conocidas de ese comportamiento: “palanca”. Palanquear no consiste simplemente en presumir. Es utilizar una relación real o imaginaria con alguien que posee poder, influencia o autoridad para conseguir un trato que no estaría disponible para los demás.
Y allí aparece un problema mucho más profundo que el de una mujer enfrentada a unos policías.
Estamos hablando de una cultura del privilegio.
El privilegio, en este contexto, no es únicamente económico. Puede ser político, burocrático, partidista, familiar, profesional o simplemente relacional. Es la convicción de que existen dos reglas: una para la gente común y otra para quienes tienen contactos suficientes para evitarla.
Esta cultura no nació ayer. Ha atravesado durante décadas la vida venezolana y se ha expresado en distintos ámbitos: desde quien pretende saltarse una cola porque “conoce a alguien”, hasta quien consigue una licencia, un contrato, un puesto, una sanción que no se aplica o un expediente que misteriosamente deja de avanzar porque apareció la llamada correcta.
La diferencia está en la escala.
Lo ocurrido con “la tapa del frasco” resulta particularmente perturbador porque muestra el privilegio convertido en identidad. No parece tratarse solamente de alguien intentando escapar de una consecuencia concreta. Hay, en sus propias palabras, una suerte de orgullo en sentirse intocable.
Ese detalle merece atención.
Cuando una persona llega a considerar que estar por encima de la norma constituye un motivo de prestigio, el problema deja de ser exclusivamente individual. Estamos ante una deformación de la relación entre ciudadano, autoridad y ley.
El Estado de Derecho parte de una premisa elemental: la ley debe ser general. No importa quién sea el ciudadano, quién sea su amigo, qué cargo ocupe su supuesto protector o qué apellido pueda mencionar. La autoridad pierde legitimidad cuando la aplicación de la norma depende de la posición social, política o económica del destinatario.
Pero existe otra dimensión que suele quedar fuera de estas discusiones: la responsabilidad de la sociedad.
Una conducta abusiva no necesita que toda una comunidad la apruebe para reproducirse. Basta, algunas veces, con que quienes la observan callen, la toleren o concluyan que enfrentarse a ella no vale la pena.
Eso también forma parte del problema venezolano.
¿Cuántas veces hemos visto un abuso y alguien ha preferido decir “déjalo así”? ¿Cuántas veces hemos escuchado que determinada persona “tiene palanca” y, en lugar de considerar aquello una anomalía, lo hemos asumido como una realidad inevitable? ¿Cuántas veces hemos admirado al que consigue algo por una vía privilegiada mientras el ciudadano que cumple las reglas queda como el ingenuo?
Ahí comienza la normalización.
La viveza deja de ser una habilidad para desenvolverse en un entorno difícil y termina transformándose en una justificación moral para incumplir. El que respeta la regla puede ser considerado tonto; el que consigue evadirla, “pilas”. El que espera su turno pierde; el que consigue un contacto gana. El que denuncia un abuso puede terminar siendo visto como alguien que busca problemas.
Y así se va deteriorando, poco a poco, la idea misma de ciudadanía.
No se trata de convertir este episodio en una condena general de los venezolanos. Sería injusto y, además, falso. La mayoría de los ciudadanos no actúa de esa manera. Precisamente por eso estas conductas producen indignación cuando se hacen visibles: porque contradicen un sentido elemental de justicia que todavía existe en buena parte de la sociedad.
La cultura del privilegio puede sobrevivir a cualquier gobierno si no cambian las prácticas sociales que la alimentan. No basta con sustituir a quienes ejercen el poder si permanecen intactas las mismas formas de relacionarnos con él.
Una Venezuela distinta no se construirá únicamente cambiando funcionarios, ministros, partidos o presidentes. También tendrá que cambiar una determinada relación con el poder.
Necesitaremos ciudadanos menos dispuestos a admirar al que “tiene palanca” y más dispuestos a exigir que las reglas sean iguales para todos. Funcionarios capaces de ejercer su autoridad sin mirar primero el apellido que tienen enfrente. Instituciones donde una llamada telefónica no pueda sustituir un procedimiento. Y, sobre todo, una sociedad que deje de considerar normal aquello que debería avergonzarla.
Porque el verdadero problema no es que alguien diga “yo soy la tapa del frasco”.
El verdadero problema comienza cuando una sociedad termina aceptando que existen personas que pueden colocarse por encima de la ley y de los demás.
En ese sentido, el episodio de Carabobo puede ser algo más que otro video viral condenado a desaparecer entre memes y noticias del día. Puede servirnos para mirar una de esas pequeñas deformaciones sociales que, acumuladas durante años, terminan convirtiéndose en grandes problemas institucionales.
La justicia no puede depender de quién conoce a quién.
Y una sociedad que aspire a recuperar sus instituciones tendrá que aprender, también, a dejar de admirar a quienes creen que están por encima de ellas.
