Luis Fuenmayor Toro /
Nunca ha sido fácil tocar este tema en el país en forma objetiva y, si se quiere, descarnada, pues las posiciones que se asuman en relación al mismo no son aceptadas como opiniones valederas, cuando de alguna manera objetan, cuestionan o disminuyen, la existencia o magnitud de los derechos laborales establecidos. Hoy esa dificultad se ha agigantado, pues muchos de los derechos que se creían eternos simplemente han desaparecido y ya nadie goza de los mismos, independiente de lo que digan las leyes y la constitución. Para empezar, en Venezuela ya no existe la categoría “salario”, que es básica para poder conversar sobre derechos salariales y laborales. Ésta fue transformada, no por obra y gracia del Espíritu Santo, sino de la revolución bonita, en “ingreso mínimo vital”. Cambiamos la economía política. En el pasado, no teníamos esta complicación, pues el salario existía y con él se calculaban todos los otros beneficios.
Los derechos laborales también existían y eran legales y constitucionales, como siguen siéndolo, y nadie objetaba su omnipresencia en los escenarios sociales, económicos y políticos. Se hablaba de ellos con naturalidad, y las diferencias de opiniones no se referían a su vigencia, sino en todo caso a su magnitud y a si se seguían ampliando en cantidad y calidad o si no se hacía. La renta petrolera posibilitaba su existencia y las presiones sindicales y gremiales garantizaban su permanencia. Las vacaciones, por ejemplo, eran parte importante de esos derechos. En el siglo XIX, el tiempo de descanso anual de los trabajadores, cuando disponían del mismo, solía ser sin goce de sueldo. Estas vacaciones anuales, pasaron luego a ser remuneradas en el siglo XX, y, más adelante, se estableció una asignación adicional anual que, otorgada a los trabajadores, les permitía no sólo el descanso sino la realización de actividades recreativas con su familia.
En Venezuela, esa remuneración adicional anual dada al trabajador, llegó a ser, en el sector oficial, hasta de varios meses de sueldo, y se la conoció como bono vacacional, que además se contabilizaba en el cálculo de las llamadas prestaciones sociales, beneficio originario y propio de Latinoamérica y más específicamente de Venezuela y Colombia. Los incrementos del bono vacacional y del de fin de año estuvieron siempre en los planes de sindicatos y gremios. Quienes decían que estas bonificaciones tenían que tener un tope y que lo adecuado era incrementar los salarios, así como tomar en cuenta el desempeño del trabajador, su preparación técnica y su educación formal, de manera de remunerar mejor a quien mejor trabajara, eran vistos como unos reaccionarios contrarios a los intereses de la clase obrera. Hoy, la revolución bonita acabó con todo eso y además logró hacer, lo que los peores sindicaleros siempre desearon: que todos ganáramos el mismo sueldo, pero no igualado en el nivel más elevado, sino nivelado por debajo.
Y aquí nos tienen, víctimas todos de esa suerte de perversión que es el igualitarismo, que nada tiene que ver con la igualdad, ni con la justicia. No hay nada más injusto que el reparto por igual, ni nada más contraproducente que tratar igual a los desiguales. Pero ya este tipo de discusiones no tiene ningún sentido en la Venezuela de hoy, en la que el salario no existe, el empleo formal tampoco, ni las prestaciones sociales, ni los bonos vacacionales y de fin de año, ni existe un fideicomiso donde se depositen las prestaciones no pagadas oportunamente. Y las perspectivas económicas futuras, con las negociaciones petroleras actuales, no son lo más esperanzadoras posibles. El escenario actual es otro, muy distinto del anterior.
Estaremos muy lejos de tener ingresos cercanos a los que en un momento tuvimos, por lo que es imposible saber cuándo recuperaremos los beneficios conquistados, si es que llegamos a recuperarlos, y mucho menos pensar que los tendremos de vuelta al día siguiente de las elecciones, sin importar quien gane. Y esto no lo digo para desalentar las luchas por las reivindicaciones de los trabajadores, sino para que todos tengamos los pies en la tierra y sepamos que existe un férreo límite en la satisfacción de las aspiraciones, pues la sociedad no tendrá los recursos de antes. Y aquí viene algo que sí es necesario dejar muy claro: el sacrificio no puede ser sólo de los trabajadores. Los empresarios tampoco pueden tener las ganancias y el nivel de vida del pasado. Los alcaldes, concejales, gobernadores, diputados regionales y nacionales, magistrados, ministros, militares y otros altos funcionarios, no pueden comportarse como si los ingresos petroleros venezolanos fueran los mismos.
Habrá que priorizar en función del interés nacional: en educación, salud, en las ciencias, tecnologías, servicios básicos, seguridad social, producción industrial y alimentaria, unidad nacional, rescate de la soberanía y el ambiente.
