ALDO ROJAS PADILLA /
La discusión sobre el destino de los ingresos petroleros venezolanos acaba de adquirir una dimensión distinta. En pocas horas se conocieron dos documentos que ofrecen cifras sobre el manejo de esos recursos, pero presentan diferencias sustanciales en la manera de explicar su utilización.
Por una parte, el Departamento de Estado de Estados Unidos publicó un informe elaborado por KPMG sobre las operaciones de la Cuenta de Custodia de Venezuela, administrada por el Tesoro estadounidense. KPMG no es una firma desconocida ni un consultor ocasional: forma parte de las cuatro grandes redes internacionales de servicios profesionales, conocidas como las Big Four, junto con Deloitte, PwC y EY. Con presencia en 138 países y más de 276.000 profesionales, desarrolla actividades de auditoría, asesoramiento y servicios fiscales para empresas, gobiernos e instituciones. Su participación aporta un respaldo técnico e institucional relevante al documento, aunque, como veremos, su alcance debe entenderse con precisión.
Por otra, el Gobierno de Delcy Rodríguez presentó el balance de su portal Transparencia Soberana, según el cual prácticamente todos los egresos registrados durante 2026 se destinaron al pago de salarios y pensiones.
No estamos ante documentos de idéntica naturaleza ni con el mismo período de cobertura. KPMG examina las operaciones hasta el 30 de septiembre, mientras que el balance gubernamental llega hasta noviembre. Por tanto, sus totales no pueden compararse como si correspondieran al mismo corte. Sin embargo, sus datos permiten examinar una diferencia importante: cómo se identifica y clasifica el destino de los recursos.
Lo que registra el informe de KPMG
El informe comprende las operaciones realizadas entre el 3 de enero y el 30 de septiembre de 2026. Durante ese período ingresaron a la Cuenta de Custodia aproximadamente 12.263 millones de dólares, de los cuales 12.109,1 millones, equivalentes al 98,74 %, procedieron de la comercialización de petróleo y sus derivados.
Los desembolsos alcanzaron los 12.107,6 millones de dólares. Al cierre del período permanecían en custodia 168,56 millones, mientras que los fondos habían generado alrededor de 12,52 millones en intereses.
El dato más importante para entender el destino de esos recursos es que 11.959,5 millones de dólares fueron canalizados mediante intervenciones cambiarias del Banco Central de Venezuela. Otros 133,1 millones se destinaron a pagos directos a proveedores.
Esta distribución tiene una particularidad: el informe no registra transferencias directas del programa a organismos gubernamentales para el pago de nóminas. La mayor parte de los recursos fue destinada a operaciones cambiarias, mediante las cuales las divisas se colocaron en el sistema financiero nacional.
Conviene precisar el alcance del documento. KPMG actuó como monitor y asesor técnico de las operaciones de la cuenta. Su informe permite conocer los movimientos registrados en ese mecanismo, pero no constituye una auditoría integral de todas las finanzas públicas venezolanas ni reconstruye por sí solo cada destino final de los bolívares que ingresaron al circuito económico.
La versión presentada por el Gobierno
El 12 de noviembre, Delcy Rodríguez anunció la publicación de un balance en el portal Transparencia Soberana. Según las cifras divulgadas, entre enero y noviembre de 2026 los ingresos por petróleo y minería alcanzaron los 15.603 millones de dólares, mientras que los egresos sumaron 14.860 millones.
De ese último monto, 14.710 millones fueron registrados bajo el concepto de salarios de trabajadores del sector público y pensiones. Los 150,5 millones restantes aparecen como gastos de funcionamiento del Gobierno.
A partir de esos datos, Rodríguez afirmó que 99 de cada 100 dólares ingresados por concepto de petróleo y minería se destinaron al pago de salarios y pensiones.
Pero hay una precisión que cambia la lectura de esa afirmación: el 99 % corresponde a la proporción de los egresos, no a la totalidad de los ingresos. Si se compara el monto declarado para salarios y pensiones con los 15.603 millones de dólares recibidos, la proporción es aproximadamente 94,3 %.
También debe tenerse presente que la información publicada corresponde al Fondo de Protección Social y al Fondo de Infraestructura Nacional. Por tanto, no representa necesariamente la totalidad de los ingresos y egresos del Estado venezolano.
La diferencia en la clasificación de los gastos
El punto más delicado aparece al examinar cómo se clasificaron los desembolsos.
Mientras KPMG identifica las intervenciones cambiarias como el principal destino de los fondos de la Cuenta de Custodia, el portal gubernamental incorpora operaciones vinculadas con la política cambiaria y la compra de billetes en dólares dentro de la categoría de salarios y pensiones.
El registro de la plataforma incluye operaciones identificadas como «Política Cambiaria» en el renglón destinado a salarios. También se ha señalado que 453,14 millones de dólares correspondientes a entregas de billetes fueron reclasificados de gastos de funcionamiento a salarios.
¿Qué criterio contable permite considerar una operación de política cambiaria como un pago salarial?
Es cierto que las intervenciones cambiarias pueden tener una relación indirecta con el financiamiento del gasto público. Cuando el Banco Central vende divisas a través de los bancos, recibe bolívares a cambio. Esos bolívares pueden incorporarse al circuito financiero y contribuir a la disponibilidad de recursos con los que el Estado atiende sus compromisos, incluida la nómina pública.
Pero esa posibilidad no demuestra que la totalidad de los dólares involucrados haya terminado convertida en salarios efectivamente pagados a trabajadores y pensionados. Para establecerlo se necesitan registros que permitan seguir el recorrido de los recursos, identificar las conversiones realizadas y comprobar los pagos concretos.
Una operación cambiaria no equivale, por sí misma, a un pago salarial. Si el Gobierno sostiene que esos recursos terminaron en manos de trabajadores y pensionados, debe demostrar cómo se produjo esa conversión y respaldar documentalmente la clasificación.
El balance frente a la realidad económica
Más allá de las diferencias contables, hay una pregunta que el balance gubernamental no responde: ¿cómo se explica que, con ingresos petroleros de esa magnitud, los trabajadores públicos y los pensionados continúen recibiendo remuneraciones que no cubren sus necesidades más elementales?
El salario mínimo permanece congelado desde marzo de 2022 en 130 bolívares mensuales. Los hospitales siguen padeciendo carencias, las escuelas presentan graves deficiencias de infraestructura y los servicios públicos continúan sin responder adecuadamente a las necesidades de la población.
Una verdadera rendición de cuentas debería incluir también la composición de la nómina pública: cuántos trabajadores existen, cómo están distribuidos por organismos y niveles salariales, y qué mecanismos de auditoría permiten comprobar que cada pago corresponde a una relación laboral efectiva.
La discusión, por tanto, no se agota en cuánto dinero se registró como salarios y pensiones. También importa cuánto se destinó a recuperar la infraestructura y los servicios esenciales. La situación de los hospitales, las escuelas, el sistema eléctrico, la vialidad y el alumbrado público plantea interrogantes sobre la distribución efectiva de los recursos.
El informe de KPMG documenta principalmente operaciones cambiarias; el Gobierno, por su parte, presenta una clasificación en la que casi todos los egresos aparecen destinados a salarios y pensiones. La diferencia entre ambas presentaciones no queda resuelta con la simple publicación de un balance.
El Gobierno tiene que explicar qué operaciones contabilizó como pagos salariales y mostrar cómo esos recursos llegaron efectivamente a sus destinatarios. Esa es la cuestión central que dejan planteada los dos documentos.
Porque publicar cifras no es suficiente para demostrar una gestión transparente. Y cuando se trata de recursos provenientes de la principal riqueza del país, los ciudadanos tienen derecho a conocer no solo cuánto ingresó, sino también cómo se utilizó y qué resultados produjo.
