Yaxmin González Jiménez
ACARIGUA.- 17 casos de violaciones de derechos humanos, en los últimos tres meses, han sido documentados por Fundehullan en los que las detenciones arbitrarias y los ataques a la libertad de expresión y de reunión marcaron pauta en los estados Apure, Barinas, Cojedes, Guárico, Portuguesa, Mérida, Trujillo y Táchira.
Al ofrecer un balance del informe investigativo, Ana María Velásquez, coordinadora de la Fundación de los Derechos Humanos de los Llanos (Fundehullan) y Nayari González, coordinadora del Observatorio de Derechos Humanos de los Llanos, revelaron que de los 17 casos, cuatro corresponden a Portuguesa, entre los que se incluyen tres detenciones arbitrarias y un incidente referido a la libertad de expresión.
En ese sentido, Velásquez explicó que el equipo jurídico recibió las denuncias y las víctimas han permitido señalar este tipo de hechos, tal es el caso del productor agrícola de Guanarito, Rafael Muñoz, que fue detenido junto a su esposa por una comisión policial al negarse a pagarles “matraca”. El otro caso es el de María Oropeza, del partido Vente Venezuela, apresada por funcionarios del Cicpc por grabar un video de un hecho irregular que involucraba a organismos de seguridad.
-También tenemos el caso documentado del concejal José Carmona, quien por el solo hecho de exigirle a la Cámara Municipal de Araure que cumpliera con las sesiones ordinarias, tal como lo establecen las leyes, se le abrió un procedimiento administrativo para sancionarlo y amenazado con una averiguación legal por el delito de instigación al odio.
Comentó que Fundehullan también registró los casos de siete integrantes del Psuv, detenidos en la población de Guasdualito, estadoApure, por una comisión de la Dirección de General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), así como la aprehensión arbitraria de un productor agrícola durante el allanamiento de su finca.
Con respecto a la vulneración de la libertad de expresión, la coordinadora del Observatorio de Derechos Humanos, Nayarí González, indicó que el informe revela que el estado Portuguesa registró un descenso en comparación con el año 2021, cuando junto a Barinas eran los estados donde se había afectado más el ejercicio periodístico y el cierre de medios de comunicación.
-En el monitoreo destaca el caso de la periodista Angie Polanco, quien abordó a familiares de pacientes en el hospital de San Cristóbal, que denunciaban el retraso de las intervenciones quirúrgicas, lo que trajo como consecuencia que el personal de seguridad le impidiera hacer su trabajo, atentando contra el ejercicio del periodismo, aseveró.
González señaló que en Guárico se cerró, en el mes de abril, la emisora Éxitos 90.5 FM y su director, Leonardo Gonzales, denunció que además del procedimiento administrativo, producto de la concesión vencida, también le confiscaron los equipos.
En cuanto a cierre de medios de comunicación –agregó la activista de DDHH-queremos resaltar que en el monitoreo de tres meses, de abril a junio, en Barinas, municipio Cruz Paredes, Conatel procedió en contra de la emisora Topacio 101.9 FM, ocurrido el de 20 de mayo, por la emisión de programas de opinión o noticias que de alguna manera contrarían al Gobierno nacional.
Refirió que en el caso de Portuguesa, se tuvo conocimiento de un procedimiento administrativo contra una emisora de radio, sin embargo no están autorizados a emitir ningún criterio ni documentar el tema “ya que uno de los principios en materia de vulneración de derechos humanos es que tenemos que tener la autorización de la persona afectada, además de que los datos deben ser lo más certeros posibles para que esta documentación sea fidedigna”, añadió.
La representante del Observatorio de los Derechos Humanos destacó que “sigue prevaleciendo la censura y la autocensura, el tema de las fallas del servicio eléctrico y la conectividad de internet vulneran el ejercicio periodístico, teniendo en cuenta que Portuguesa -al igual que el resto de los estados- los medios han tenido que migrar a plataformas digitales para seguir cumpliendo con el sagrado deber de informar pero cada día se hace más difícil”.
Expuso además que Apure es el estado donde se presentan más vulneraciones de los derechos humanos con un 55,6%, seguido de Táchira con 16,7, Barinas y Portuguesa con 11 por ciento y Guárico con 5,6%.
-Desde Fundehullan nos hemos ocupado de documentar y darle una mirada a las regiones. Lo que ocurre en las provincias de Venezuela es bastante complicado, hay estados donde se está normalizando el hecho de no gozar con el servicio de agua, gente que ha pasado tanta precariedad que está normalizando lo que es anormal, agradecer a Dios al retornar la electricidad cuando el Estado debe ser garante de cumplir con un servicio que permita garantizarle calidad de vida a la ciudadanía, manifestó.
Declaró que desde Fundehullan, Observatorio de Derechos Humanos y la Red Justicia y Libertad continuarán adelante en la elaboración de los informes recopilando las violaciones a los DDHH para ser presentados a instancias nacionales y organismos internacionales.
Asimismo Velásquez hizo un llamado a las organizaciones gremiales y sindicales a participar en la segunda etapa de formación de la Red Justicia y Libertad, “de manera que esta preparación sirva de herramienta en toda la vulneración de los derechos que están padeciendo los trabajadores de la administración pública que reclaman salarios dignos y derecho a la salud.
