CARACAS.- El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró inadmisibles dos recursos de nulidad contra el instructivo de la Oficina Nacional de Prespuesto (Onapre) por considerar, nuevamente, que el mismo es «inexistente», pese a que fue con base en él que el Ejecutivo aplanó los ingresos de los trabajadores públicos, que han salido a a protestar para exigir su derogación debido a que viola sus derechos laborales al privarlos de bonificaciones y otros beneficios colectivos.
Las sentencias que contienen la decisión fueron publicadas este sábado 3 de septiembre, cuando también se multó a las partes demandantes, la Universidad de Los Andes (ULA) y un grupo de jubilados del Ministerio Público, con «50 veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor establecido por el Banco Central de Venezuela (BCV), por presuntamente «interponer acciones sin cumplir los presupuestos exigidos por la ley».
Con estos suman tres los recursos contra el acto del mecanismo de la Onapre que este ente judicial anula. El primero se trataba de una demanda de nulidad y amparo cautelar también de la Universidad de Los Andes (ULA) con fecha del 22 de marzo de 2022, que había sido admitido provisionalmente por la Sala Político Administrativa el pasado 14 de julio de 2022.
Laura Louza, directora de la ONG Acceso a la Justicia, repudió el hecho y comentó que el TSJ «inadmitió dos recursos a pesar de no haber pasado sino tres semanas desde que los admitió, y su argumento es que el acto no existe (…) Entonces la pregunta es: ¿sobre qué base legal el Ejecutivo Nacional rebajó los ingresos de los empleados públicos? O sea, ¿el TSJ admite que fue una actuación de hecho (vía de hecho) y no hace nada? Todo acto del Poder Público debe tener una base legal o algo que lo justifique. Si no la tiene, es nulo automáticamente».
«Lo más grave es que esa actuación de hecho viola convenciones colectivas y la propia Constitución, entre otras razones, por desmejorar la situación de los empleados públicos y aún así el TSJ se lava las manos y deja indefensos a los empleados públicos», agregó en Twitte la defensora de derechos humanos.
Desde marzo de 2022 iniciaron las protestas de los gremios venezolanos para exigir la derogación del instructivoOnapre. Esa presión de calle ha hecho que la administración de Nicolás Maduro retroceda en algunos de sus puntos planteados inicialmente, entre ellos el pago de un bono vacacional para los docentes de forma fraccionada, que tuvo que cambiarse y hacerse de maneraparcial.
Los logros de esas manifestaciones — en su mayoría encabezadas por el sector educativo y de salud ,aunque el mecanismo Onapre afecte a todos los trabajadores públicos por igual— residen en que son de carácter meramente laboral y no político.
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