Yaxmin González Jiménez
ACARIGUA.- Con una concentración en el bulevar San Roque de Acarigua, los pensionados y jubilados de la administración pública rechazaron nuevamente el pago fraccionado de los aguinaldos, toda vez que refuerza las “políticas de hambre y destructivas de los derechos de los trabajadores”.
Francisco Mendoza, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Gobernación de Portuguesa, aseguró que el Gobierno nacional ha desmejorado las clausulas económicas previstas en las contrataciones colectivas, afectando mayormente a los pensionados y jubilados.
“Hasta la fecha de hoy no hay información concreta sobre cuándo le van a pagar el bono recreacional a los pensionados y jubilados, aunque era para ser cancelado en el mes de julio como lo establece la convención colectiva. Hasta ahora tenemos entendido que la Gobernación ha hecho las diligencias pero la Onapre les tiene trancado el pago”, dijo.
Mendoza advirtió que de no cancelarse esta bonificación a la mayor brevedad recurrirán a medidas de protesta más contundentes”, de allí que exhortó a todos los pensionados y jubilados a incorporarse a esta lucha.
Reactivación del comedor
A través de un documento por escrito, suscrito por Pablo Rangel, secretario general de la Federación Venezolana de Maestros (FVM), Coromoto Arapé, presidente de la Asociación Municipal de Educadores Jubilados y Pensionados (Amejup) e Irma García Mendoza, delegado nacional del Comité de Defensa de los Derechos Humanos de los Adultos Mayores, Jubilados, Pensionados y Personas con Discapacidad, exigieron un pronunciamiento de la Alcaldía de Páez acerca de presuntas irregularidades en la utilización de la sede donde funcionaba el comedor popular.
Asimismo abogaron por el respeto a los 240 adultos mayores que se beneficiaban de ese centro, teniendo ahora que recurrir a otras dependencias “donde logran medianamente alimentarse y no todos son atendidos. Pero, lo que no entendemos es que se encuentran personas laborando dentro de esas instalaciones y no lo abren al público en general o a las personas que anteriormente se beneficiaban”, de allí que exigieron la reapertura de la institución.
“El alcalde Rafael Torrealba, como gerente del municipio, tiene la potestad de mediar, de intervenir y de solicitar, incluso, una investigación sobre las irregularidades que hay con el comedor popular”, insistió García Mendoza.
