SAO PAULO (AFP).– Los ataques de un grupo criminal en ciudades del noreste de Brasil continuaron por tercera noche consecutiva con incendios de vehículos, oficinas públicas y comercios. Según informaron el jueves 16 de marzo las autoridades del país, la violencia no merma a pesar del despliegue reforzado de las fuerzas de seguridad.
Imágenes difundidas por la prensa brasileña y en las redes sociales mostraron escenas de autobuses y edificios en llamas en nueve ciudades del estado de Río Grande do Norte, incluida la capital, Natal.
«Nunca en mi vida había visto lo que está pasando. Salimos a trabajar (…) y nos encontramos con una situación así. Es muy triste», aseguró Reinaldo Silva, un albañil que vive en Natal, para la agencia de noticias AFP.
Un total de 28 centros urbanos han sido blanco de disturbios desde el martes. Según las autoridades, se trata de una respuesta de un grupo criminal al endurecimiento de las medidas de control dentro de las prisiones.
Tal como reseña el medio ‘RTT’, «en el punto de mira se encuentra la facción Sindicato do Crime (SDC), que dirige las cárceles del estado y que nació en 2013 para hacer frente al Primeiro Comando da Capital (PCC), la organización criminal más poderosa de Brasil.»
Además, tal como informa el medio, la orden de estos ataques «habría salido desde de la cárcel de Alcaçuz, el mayor centro penitenciario de Río Grande do Norte».
La violencia sigue a pesar del endurecimiento de medidas
La violencia es incesante pese a la llegada desde el miércoles de unos 220 policías federales, cuyo número podría multiplicarse hasta 800 si fuera necesario, dijo el ministro de Justicia y Seguridad, Flávio Dino, en una entrevista con ‘CNN’.
«No vamos a permitir que territorios sean entregados a prácticas criminales», indicó.
Por otro lado, la gobernadora de Río Grande do Norte, Fátima Bezerra, anunció la creación de un gabinete de crisis formado con jefes de los poderes locales.
Hasta el momento, el presidente izquierdista Luiz Inácio ‘Lula’ da Silva, del mismo Partido de los Trabajadores (PT) que Bezerra, no se ha manifestado sobre la crisis.
Los desmanes han dejado, hasta ahora, dos muertos y dos heridos.
En Natal, fueron incendiados un galpón de una empresa recolectora de basura, un supermercado y una gasolinera. También fue atacada una estación de tren, según el sitio de noticias ‘G1’.
Hasta ahora, 67 personas fueron detenidas, informaron a AFP fuentes de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (Sesed).
Además, fueron incautadas 17 armas de fuego, 50 artefactos explosivos, 22 galones de gasolina, vehículos, municiones y dinero, entre otros, detalló la Sesed.
El Gobierno anunció el miércoles el envío a Río Grande do Norte de una fuerza federal de agentes penitenciarios para coordinar la «vigilancia y custodia de presos».
«Dentro de las unidades, la situación está bajo control. No hay ningún motín, ni tentativa de fuga, nada fuera de lo normal», señaló a AFP la Secretaría de Administración Penitenciaria del estado (SEAP).
Las condiciones dentro de las cárceles
Según las autoridades, los ataques son orquestados desde el interior de las prisiones, donde los presos protestan por las condiciones de vida, con reclamos como televisores y visitas privadas.
De hecho, el secretario de Seguridad Pública de Río Grande do Norte, Francisco Araújo, atribuyó la ola de ataques a unos requerimientos de los reclusos de una «serie de privilegios» que no se han concedido.
«Según los reclamos, quieren televisión, sistema de iluminación, visita íntima, cosas que el sistema penitenciario no está atendiendo porque está cumpliendo con la ley de ejecución penal», aseguró.
Río Grande do Norte es uno de los estados más violentos del país. En 2017 hubo un enfrentamiento entre bandas rivales que dejó 27 muertos.
Según RPP, «desde aquella batalla campal, se endurecieron las medidas carcelarias y las visitas íntimas quedaron suspendidas».
Así lo expresó Juliana Melo, profesora de la Universidad Federal de Río Grande do Norte (UFRN), para ‘O Globo’: «Dentro del sistema penitenciario, la situación solo ha empeorado desde la masacre. Las visitas íntimas siguen prohibidas, los presos reciben comida podrida y ni siquiera pueden tener acceso a lejía para limpiar las celdas, que están superpobladas. Se ha convertido en un polvorín».
Una afirmación que hace eco a la de varios organismos de derechos humanos que denuncian que no se respetan las condiciones mínimas de los presos.
AFP/
