Miguel Enrique Villavicencio.- «La paz y el amor que ofrece el régimen que lidera Nicolás Maduro están completamente impregnados de odio, resentimiento y violación de los derechos civiles y políticos».
Tal criterio pertenece al doctor Rafael Narváez, exparlamentario y abogado defensor en materia de Derechos Humanos y Civiles en el país, quien agregó que la violencia y las amenazas de muerte contra quienes adversan el proceso revolucionario, encuentran como aliado a la impunidad permitida por la justicia penal.
Narváez condenó «la conducta sistemática que mantiene el Estado en contra de los derechos políticos de la ciudadanía, así como la intervención de los partidos despojando de sus cargos a sus directivas, el secuestro de sus siglas y tarjetas por decisiones del TSJ sin el derecho a la defensa, inhabilitaciones contra dirigentes políticos emanadas de un ente que asume de hecho funciones que le corresponden al Ministerio Público y Poder Judicial y que lo convierte en un usurpador y abusador, todo esto ante la mirada complaciente del resto de los poderes públicos».
-No podemos dejar de mencionar la renuncia obligada de todos los rectores principales del CNE con la finalidad de conformar un nuevo ente que, seguro estoy, no será imparcial, colocando nuevamente en riesgo la soberanía popular que reside en el voto directo y secreto – apuntó.
Continuó diciendo que la inobservancia por parte de la justicia penal ante la violencia desatada por grupos afectos al gobierno contra los candidatos a las primarias de la disidencia opositora, la convierten en una gran aliado de la impunidad.
Narváez manifestó su gran preocupación por la orden de Maduro de activar el Plan República antes de fijar la fecha de las próximas elecciones presidenciales del año 2024.
Ante esto, dijo que el comportamiento de este plan siempre ha sido para limitar el ejercicio del derecho al voto de los electores y servir para la movilización de ciudadanos afectos al gobierno.
El jurista exigió al gobierno facilitar el camino electoral y garantizar el respeto a los derechos políticos como derecho humano establecido en la Constitución nacional, así como también en los pactos internacionales suscritos y ratificados por el Estado venezolano.
